[dropcap style=”square”]E[/dropcap]n la mañana de hoy comenzó en el Tribunal Oral Federal el juicio al ministro del Campo y Medio Ambiente y ex ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, y al ex viceministro de la Legalidad, Mario Zavala, acusados de coacción agravada contra un grupo de jueces y funcionarios judiciales. Se les adjudica exigir la renuncia en blanco antes de que asumieran en los cargos.
La denuncia se radicó en 2005 y el expediente tiene más de 4.000 fojas. Para más detalles de la causa, hacé click acá. Una de las patas de la causa contra Freixes y Zavala fue la denuncia de Marina Ziliotto, quién ganó un concurso para ser camarista en 2004. La abogada denunció que fue presionada a firmar su renuncia en blanco por Freixes y Zavala, quien le habrían exigido que denunciara por mal desempeño a dos camaritas. Ziliotto se negó.
Como parte de las acusaciones se hizo referencia a tres renuncias. Según las pericias, las dimisiones tenían las firmas del funcionario renunciante sin el sello y la fecha. La fecha y el texto de las renuncias de colocaron posteriormente e imprimieron en oficinas del Ministerio de la Legalidad.
En la sala del Tribunal estuvo presente Freixes sentado solo detrás de su abogado defensor. Por su parte, Zavala estuvo sentado en otra parte de la sala. Tanto el interior de la sala como una habitación destinada para al público estuvo prácticamente colmada con funcionarios de la Municipalidad de San Luis. Una de las personas que impulsó la causa contra lo denunciados es Gretel Diamante, esposa del intendente Enrique Ponce, quien era fiscal del Crimen Nº 3 de Villa Mercedes cuando hizo la denuncia. Diamante es actualmente jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
La estrategia de la defensora oficial como la del abogado de Freixes se centró fundamentalmente en cuestionar pruebas en contra de sus defendidos.
Hugo Scarso, abogado de Freixes, pidió la nulidad de los videos realizados con cámara oculta porque se realizaron sin autorización del juez y sin el consentimiento de las personas que aparecen filmadas en el video. El letrado calificó la prueba como ilícita.
Además, cuestionó que los videos, (en uno de ellos se ve a Viviana Moreira, esposa de Freixes y un funcionario gubernamental de tercera línea, a intentar convencer a Marina Ziliotto para desistiera de la denuncia) se hicieran meses después a la denuncia.
Scarso calificó a la denunciante Ziliotto de una agente provocadora para que se interviniera la justicia provincial, ya que por la época del escándalo una comisión del Senado impulsaba la intervención.
Por otra parte, el abogado pidió la nulidad de la indagatoria que se le tomó a Freixes en 2005 porque la declaración la tomó el secretario del Juzgado Federal de ese entonces y no el juez. Afirmó que no hay documentación que señale que el secretario era subrogante.
Claudia Ibañez, defensora oficial de Zavala, planteó que al tratarse de funcionarios provinciales los que son juzgados no corresponde que la justicia federal lleve a adelante el proceso porque no es de su competencia.
En referencia a los videos, la defensora cuestionó su autenticidad videos porque se encontraban en sobres no cerrados y podrían haber sido alterados.
El fiscal federal Cristian Rachid manifestó que hay una maniobra dilatoria y abuso del derecho de defensa, ya que la causa recién llega a juicio luego de 13 años. Hizo referencia a duplicación de planteos y vías recursivas que tenían como objetivo la dilación del trámite de la causa.
Rachid alegó que es admisible la competencia de la justicia federal en la causa porque la Corte Suprema lo determinó.
Tras la intervención del fiscal, el Tribunal dispuso el pase a cuarto intermedio hasta las 17.30.
