A fines de junio, el legislador denunció judicialmente una serie de supuestos pagos de sobreprecios en obras de Vialidad Nacional realizadas por Rovella Carranza entre 2013 y 2015. La denuncia de Oio fue en base a la denuncia interna de la ingeniera de Vialidad Nacional, Mattar.
El escrito remitido a Fiscalía Federal sostiene que los hechos denunciados “carecen de sustento y veracidad”.
La Gaceta tuvo acceso al estudio realizado por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) de Vialidad Nacional que es área externa a la delegación de San Luis de la institución.
La conclusión general de informe es que “la denuncia efectuada por la ingeniera María Mattar responde a interpretaciones distorsionadas, inexactas o falsas de realidad, por tratarse de expresiones carentes de sustento y veracidad. La denunciante no aporta pruebas que respalden sus dichos, y asimismo, varios de los eventos denunciados coinciden con materias que estaban bajo su responsabilidad”.
En otro pasaje de las conclusiones se continúa criticando al trabajo de la ingeniera al sostener su “desconocimiento de los procesos sustantivos de la repartición como la metodología de redeterminación de precios y el proceso de adecuación de un proyecto ejecutivo”.
En la presentación judicial del diputado se denunciaron los siguientes presuntos sobreprecios:
– Obra en ruta 7 en el tramo Fraga – Desaguadero. El prepuesto original fue de $554.117.988, pero la obra terminó costando $886.194.741, tras seis readecuaciones presupuestarias.
-Bacheo en la Ruta Nacional 147. Vialidad Nacional inicialmente había constatado la existencia de 453 baches, pero la empresa certificó 1.300, mientras que en la 146 los baches relevados fueron 250 y se certificaron 1.300. Rovella Carranza cobró $45.000.000 por los trabajos en cada ruta.
Es importante recordar los puntos de la denuncia fueron desmentidos por el titular del 14º distrito de Vialidad Nacional, Jorge Follari, en una nota que publicó este medio meses atrás.
Con respecto a la ruta 7, el funcionario contó que las ampliaciones presupuestarias se hicieron bajo lo que establecía un decreto de redeterminación de precios que estaba vigente cuando se aplicó. Tal decreto establecía una readecuación del precio de la parte de la obra que se estaba por ejecutar en función de la inflación si los precios aumentaban más del 10%.
En cuanto a la cuestión del bacheo, el contrato a Rovella Carranza se hizo bajo la modalidad de contrato crema que establece que la empresa debe mantener en buen estado una poción de la ruta por cinco años. Se la abona un monto fijo, independientemente si se hubiera arreglado un bache o 1.000.
