Estos jóvenes son estudiantes de carreras técnicas que fueron contratados por el Concejo Deliberante mediante un convenio suscripto con la Universidad Nacional de San Luis. Supuestamente les iban a pagar $1.800, ya que ellos trabajaron un total de cinco días, a diferencia de las autoridades que cobraron $1.500. “Se presentó una persona que es Pedro Morales y él nos ofrecía trabajar en esto. Al otro día nos presentamos en la capacitación, pero nunca firmamos nada. Se suponía que íbamos a estar en la lista con los presidentes y vicepresidentes de mesa”, comentó Loyola.
“Necesitaban que alguien controle las máquina, las reciba, pruebe el Internet y capacite a la gente. Estuvimos 3 días previos a las elecciones para dejar todo en condiciones para que el domingo se vote”, contó Micaela. Luego del acto eleccionario, tuvieron que guardar las máquinas y entregárselas a la empresa Andreani, que fue la encargada de la logística.
La primera irregularidad que notaron fue que nunca les entregaron la constancia de que, como el día de las elecciones estuvieron trabajando, no pudieron votar.
Cuando comenzó el pago a las autoridades de mesa, los jóvenes técnicos fueron a la Municipalidad para ver cuándo les tocaba a ellos cobrar, pero les dijeron que “no estaban en la lista” de la gente a la que les tenían que pagar. “Nos dijeron que fuéramos a hablar al Concejo. En el Concejo nos dijeron que ellos solo habían prestado el edificio y que el Tribunal Electoral ya se había disuelto. Volvimos a la Municipalidad y hablamos con (el secretario de Gobierno) Petrino. Él nos dijo que no tenía ningún listado, es más, ni sabía que eran los técnicos de esas elecciones”, relató la joven.
Luego del Concejo, fueron al Juzgado de Faltas, ya que el juez Alejandro Ferrari era uno de los integrantes del Tribunal Electoral Municipal, pero el magistrado no los atendió y los derivó. “Ahí nos atendió Patricio Pastor. Él nos dijo que no tenía ningún expediente de técnicos, que solo tenía los expedientes de presidente y vicepresidente de mesa”, continuó Micaela. En el Juzgado de Faltas también se negaron a darles un certificado que justificara por qué no votaron en las elecciones de noviembre.
“Entonces me comunico con la empresa que nos capacitó, que era de Buenos Aires, pidiéndole una lista de cuántos técnicos éramos. Entonces me dice, ‘yo te puedo mandar la lista, pero no hay una firma ni nada y no tiene validez’, que es lo mismo que nos dijo Petrino cuando le dije que podía conseguir la lista de los técnicos que éramos”, recordó la joven.
Tras un segundo encuentro, el secretario de Gobierno, relató Micaela, llamó a Morales. “Supuestamente iban a solucionar las cosas, pero esto fue hace unos días y todavía nada”, comentó Micaela, señalando que si bien hubo recambio de autoridades en el Concejo Deliberante, a las autoridades de mesa sí se les pagó.
Por último, la joven, que también trabajó como técnico en las elecciones de 2015, recordó que ese año se les pagó tan solo una semana después, y que el pago se efectivizó a través de la Municipalidad. “Pero fue de otra manera, porque teníamos seguro y ART. Acá fue como todo en negro y así nomás”, concluyó Micaela Loyola.
