El ministro de Industria explicó los alcances del decreto que la promulga y las razones por las cuáles se demoró tanto su implementación.
“El gobierno busca facilitar el camino a las industrias”, fueron las palabras del ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte, Walter Padula, al referirse a la reciente resolución de la Corte Suprema que convalidó el Decreto Presidencial Nº 699 que estaba frenado debido a un recurso de amparo de la Cámara de Industria de San Rafael, Mendoza. Este decreto dispone la prórroga de los beneficios de la promoción industrial por dos años para las empresas que están asentadas y por 15 para nuevos proyectos.
De todos modos, antes de que se comience a dar curso a los nuevos proyectos, “hay que definir cómo quedará la reglamentación”, aclaró el ministro, quien luego explicó que el 699 es un decreto marco que necesita más reglamentación y detalles. “Hay que definir con el Ministerio de Industria de la Nación, para ver cómo van a ser las condiciones particulares de este decreto, lo que sería el reglamento de cómo va a funcionar la promoción”, agregó. “Está previsto que esto se haga a partir de los convenios de implementación”, aportó el fiscal de Estado, Eduardo Allende.
“Desde el Gobierno de la Provincia se busca facilitar el camino a las industrias ya radicadas y a las que quieren radicarse, incentivando el desarrollo de la provincia. San Luis constituye un polo de desarrollo atractivo por los beneficios, las comunicaciones, por su infraestructura, su logística, recursos energéticos e hídricos y por la mano de obra capacitada para trabajar en la industria”, comentó Padula, antes de ponerse a explicar las 3 partes del decreto.
“Una de ellas contempla la posibilidad de extenderlo por dos años a las empresas que tienen el régimen de promoción vigente. Estas poseen un límite en cuanto al monto de beneficio fiscal, que es básicamente el impuesto de IVA y ganancia. Por otro lado, las empresas que ya tienen el beneficio y quieren ampliar o incorporar una nueva rama también tienen un límite, el del 40% de la masa salarial que se incorpore al proyecto. La tercera parte contempla un beneficio para las nuevas empresas que no tienen una promoción actual. Se prevé que ingresen a este mismo régimen, comprometiéndose a una inversión y a respetar la reglamentación”, explicó el ministro de Industria.
“Queremos facilitar todo a las industrias radicadas y las que se van a radicar, para aprovechar al máximo esta posibilidad. De por si, independientemente de este beneficio, tenemos un polo de desarrollo muy productivo ya que tiene una serie de beneficios, de infraestructura, logística, personal con capacidad para trabajar en la industria, comunicaciones, recursos energéticos, hídricos, que hacen de San Luis una Provincia atractiva para radicarse”, concluyó Padula.
Un repaso a la historia del Decreto 699
Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, hizo una reseña en cuanto al decreto 699, declarado en mayo de año 2010 por el Gobierno nacional. El mismo dispone la prórroga de los beneficios de promoción por dos años, y la posibilidad de la extensión de quince años por nuevos proyectos.
Allende relató que, a raíz de este decreto, la Cámara de Industria y Comercio de San Rafael inició un amparo, pidiendo a la Justicia que se declarara la inconstitucionalidad del mismo porque no incluía en los beneficios a la provincia de Mendoza. El juzgado federal de San Rafael hizo lugar a
este pedido y de esa manera quedó frenada la implementación del decreto, ya que el mismo disponía que las provincias debían adherir por ley.
“Debido a ese fallo en primera instancia, que declaraba la inconstitucionalidad, el Estado nacional apeló el mismo, y decidió que se resolviera en la Cámara Federal de Mendoza. Ésta, a su vez, revocó ese fallo, afirmando que el decreto era totalmente válido”, sostuvo Allende. La situación finalmente se resolvió el martes de esta semana, cuando la Corte rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, con lo cual ha convalidado el fallo y sostiene que no hay inconstitucionalidad contra este decreto.
“Queda cerrada la vía judicial porque es una sentencia de la Corte, y de esta manera queda abierto el camino del decreto 699. Esto significa que continúan los beneficios por dos años, y además existe la posibilidad de que las empresas que ya están instaladas desarrollen nuevos proyectos por un plazo de quince años”, concluyó Allende.
