La adhesión busca sacarle plata a la Nación sin tener que cumplir con las medidas dispuestas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ayer, por mayoría, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva, y pasa al Poder Ejecutivo para su reglamentación, la adhesión provincial a las leyes nacionales de Tránsito, Tránsito y Seguridad, y a la de Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La adhesión fue aprobada por 31 votos positivos contra tan solo dos votos negativos en lo general. Sin embargo, en lo particular se aprobó por 20 votos afirmativos contra 14 negativos, ya que la oposición cuestionó duramente las reservas que el proyecto del Poder Ejecutivo hace con respecto a las leyes nacionales.
Algunas de los puntos que han sido excluidos:
– Creación del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, un organismo que, como su nombre bien lo explica, chequea los antecedentes a nivel nacional del postulante a una licencia de conducir. “La exclusión no está siendo razonable y nos priva de información que estos organismos nacionales producen”, opinó el diputado radical Alejandro Cacace. “Cualquier persona que sea prófugo en otra provincia por producir una muerte en accidente de tránsito podría sacar su licencia en nuestra provincia”, aportó la diputada del Frente Para la Victoria, Sonia Delarco.
– Las leyes nacionales exigen un curso teórico-práctico de 5 horas, tendiente a unificar criterios entre los diferentes exámenes de conducir que se toman en el país. En San Luis no será necesario.
– En San Luis se ha excluido la cláusula que permite que uno sea juzgado en su propia ciudad por infracciones cometidas en otras jurisdicciones.
– Presencia de gendarmería sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia. “No entiendo la exclusión de dicho artículo”, dijo Delarco.
Luis Martínez (foto), vicepresidente del bloque oficialista, explicó que la adhesión a estas leyes tiene como propósito hacer un reconocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con quien hoy se celebran los convenios para participar de campañas en conjunto u obtener fondos. En cuanto a las exclusiones, explicó que “una adhesión total significaría tirar por la borda todo lo que hemos construido en materia de tránsito, policía caminera, CIPE y unidades de juzgamiento”.
En pocas palabras, con esta adhesión con reservas a la Ley de ANSV, la provincia le podrá pedir fondos a la Nación sin tener que cumplir con muchas de las medidas de seguridad que esta ha dispuesto. “Teníamos un montón de dinero a recaudar que no lo podíamos obtener sin este convenio”, dijo Martínez, sin pelos en la lengua.
En cuanto a los pocos beneficios que estas adhesiones traerán a la provincia, se destaca que ahora las CIPEs podrán tener una leyenda que diga que las licencias provinciales están homologadas por la ANSV.
