[dropcap style=”square”]E[/dropcap]n la primera conferencia de prensa desde que se inició la pandemia, al gobernador, Alberto Rodríguez Saá, le preguntaron cuánta gente ha sido dada de baja en el Plan de Inclusión Social desde que anunció el ya famoso “el que rompe, paga”.
La respuesta inicial del Gobernador fue un tanto evasiva, ya que en primer lugar dijo que la medida fue necesario por unos pocos que se han “sentido incómodos o rebeldes o han querido romper o no les interesaba la norma”; y opinó que “ayudó mucho establecer este sistema y se empezaron a cuidar más”.
“Me asombró el número chiquitito de personas de la Administración Pública que violaron las reglas. Casi nada”, continuó Rodríguez Saá, quien luego agregó: “El Plan de Inclusión está eximido de venir a trabajar, así que, ¿qué mejor que cumplir la cuarentena?”
Ante una repregunta del colega, quien le recordó que “a los periodistas nos gustan los números”, Rodríguez Saá alegó no saber con exactitud, pero que en Inclusión Social son aproximadamente 50 las personas dadas de baja. “Es un número muy chiquitito”, dijo Rodríguez Saá, y añadió que en la Administración Pública son “1 o 2 casos”.
“Si hay una injusticia se tiene que remediar. Eso está en manos del juez. Es otro poder. Y la multa tiene un recurso y tiene todos los derechos para ejercerlo”, concluyó el mandatario.
