[dropcap style=”circle”]D[/dropcap]urante el reporte epidemiológico de hoy, el Gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y los ministros de Seguridad y Justicia, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi y Fabián Filomena, respectivamente; hablaron sobre las fiestas clandestinas que fueron detectadas estos últimos días en los municipios de Villa Larca, Cortaderas, El Trapiche y La Toma.
En particular, los miembros del Comité de Crisis se refirieron a los casos de Villa Larca y Cortadera, donde las fiestas fueron organizadas por las propias municipalidades de esos pueblos, cobrando entrada inclusive. Según precisó Anastasi, en la fiesta de Villa Larca hubo unas 2.500 personas, mientras que en la de Cortaderas alrededor de 500.
“De ninguna manera el intendente está facultado para organizar una fiesta en el medio de una pandemia, con incumplimiento y desoyendo al Comité de Crisis”, dijo el Gobernador, refiriéndose a Iván Vílchez (Villa Larca) y Mario Canali (Cortaderas). Ambos pertenecen al oficialismo provincial.
La otra fiesta que se mencionó fue privada, con fines de lucro, y tuvo lugar en el camping Maderos de La Florida, en el municipio de El Trapiche. Sobre este caso, Anastasi explicó que ese predio está en concesión desde el año 2012 y que “todavía es propiedad del Estado”. “No se ha hecho transferencia porque no ha habido cumplimiento del contrato”, dijo el ministro de Seguridad.
También se habló de una fiesta organizada en La Toma, la cual tuvo lugar en la quinta de Ernesto Quaranta, secretario de Gobierno del ya mencionado municipio. Sobre esta fiesta, que quizás fue la que más revuelo causó durante el fin de semana largo, desde el Comité comentaron que “posiblemente habría concurrido un funcionario del municipio de La Toma” y se pidió dejar “bien claro que es una fiesta privada y gratuita”.
Lo que es más, se dijo claramente que en el caso de La Toma, cuyo intendente es el ultraalbertista Ernesto Alí, “no hay responsabilidad del municipio en principio”. Esto marca una notoria diferencia con el caso de Maderos, donde se remarcó que se va a investigar “si tenía autorización del municipio o no”.
O sea, en el caso de La Toma, donde el intendente es ultraoficialista y un funcionario de la Municipalidad está sindicado como el organizador, el Gobierno ya habla de que “no hay responsabilidad del municipio”, mientras que se siembra la duda en el caso de Maderos en El Trapiche, donde el intendente, Juan Manuel Rigau, es opositor.
Tras señalar que “la Policía está actuando haciendo las investigaciones correspondientes”, el ministro Filomena anunció que se ha convocado, para el día de mañana a los intendentes de estos 4 municipios para conocer “el suceso de los hechos”. El Ministro señaló que pueden haber sanciones administrativas, pecuniarias y también políticas.
Como ejemplo, se habló de multas de hasta un millón de pesos y “hasta una intervención” de los municipios. Para finalizar con este tema, Rodríguez Saá pidió que se tomen medidas en las próximas 48 horas.
