Gracias a la falta de quórum en la sesión extraordinaria del domingo pasado, la gestión de Enrique Ponce logró por primera vez la aprobación ficta de las cuentas de inversión, ya que venció el plazo para su tratamiento. Además, es la tercera vez en seis años de gestión que se aprueban las cuentas de inversión municipales en la intendencia Ponce.
A pesar de la aprobación, la concejal Johana Sosa del bloque de Unidad Justicialista, afirma que las cuentas de inversión 2017 presentan varias anomalías. La más importante es la diferencia de $43.000.000 cuyo destino se desconocen, según la edil.
“Pudimos observar algunas anomalías, la falta de acreditación de cheques. Me queda el sabor amargo de no saber a dónde han sido girado esos fondos porque con las auditorías que se han hecho no se pudo detectar el destino de esos fondos. Estamos hablando de $43.000.000 aproximadamente. Hay una diferencia entre los que te dice Rentas y Contaduría General. Son órganos que deberían tener un mismo importe porque uno recauda y el otro hace el asiento para poder destinar las partidas presupuestarias”, comentó Sosa.
Otras presuntas anomalías que reveló la concejal son órdenes de pago duplicadas, la emisión de dos decretos luego del cierre del ejercicio y el movimiento de partidas por el 31,04% del presupuesto cuando lo permitido es el 30%, según establece la ordenanza del presupuesto 2017.
Sosa calificó la ausencia de sus pares del oficialismo municipal y de Cambiemos como “una falta de códigos más que todo” y “una falta de compromiso para la sociedad”. Recordó que el domingo, el intendente estuvo fuera de la cuidad, motivo por el cual el presidente del Concejo, Roberto González Espíndola lo reemplazó y le quitó un voto a la oposición.
Por otra parte, explicó la ausencia de sus compañeros de bloque. Juan Domingo Cabrera estuvo con gastroenteritis aguda y Daniel Ferreyra no pudo viajar porque le suspendieron el vuelo por mal clima.
Teniendo en cuenta la aprobación ficta de las cuentas de inversión 2017, desde Unidad Justicialista se estudia la posibilidad de elaborar un proyecto de pedido de informe para que el Ejecutivo municipal explique las supuestas anomalías que se detectaron. Otra alternativa es directamente judicializar el tema.
