[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l gobernador, Alberto Rodríguez Saá firmó el Decreto N°992-SGG-2022, el cual estableció que la asistencia a los lugares de trabajo, este martes 8 de marzo, sería voluntaria para mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTIQNB+ que se desempeñen en la Administración Pública Provincial.
El decreto incluye al personal administrativo centralizado y descentralizado y, en su artículo 2d0, dispone que los organismos que cubren servicios esenciales prevean guardias para garantizar la prestación de los mismos. Estos organismos son Seguridad, Salud, Televisión, DOSEP, y San Luis Solidario.
Por más que el artículo 2do no incluye al personal de Educación, luego llegó una comunicación del Ministerio de Educación, informando que las docentes no podrán ausentarse.
A raíz de esto, las redes sociales del Gobierno se convirtieron en el escenario de múltiples críticas. “Hoy fue lamentable escuchar y leer que según supervisores y directivos nosotras no somos trabajadoras, por lo tanto el decreto del gobernador no nos incluye… somos un ‘servicio a la comunidad’ y nuestra asistencia fue obligatoria.
8M nada que celebrar mientras tengamos miedo a expresarnos libremente”, dice uno de los posteos que puede verse en las redes del Gobierno.
Por el lado de los gremios, AMET emitió un comunicado, señalando que el decreto es claro y que en ningún lugar dice que las docentes están obligadas a ir.
“El sistema jurídico argentino establece claramente que no existe ninguna herramienta o instrumento normativo por encima de una ley; un decreto es una ley: por ende, ningún comunicado, memo, circular interna o correo electrónico puede contrariar o interpretar subjetivamente la letra del decreto que nos ocupa”, señalaron desde AMET, destacando que el artículo 2 “NADA DICE DE EDUCACIÓN, y si se considerase dentro de esta categoría se debe establecer una ‘guardia’”.
AMET también sostiene que “los directivos de cada establecimiento deben limitarse a DAR CUMPLIMIENTO al Decreto 992 y no hacer solicitudes colaterales ni interpretaciones antojadizas”; haciéndolos responsables “de las acciones legales que les pudieran corresponder por sus disposiciones claramente discriminatorias de un colectivo femenino tan importante como lo son las trabajadoras de la educación”.
