Por un “error catastral”, como lo llamaron desde Ficalía, vecinos de la calle Tucumán cuyas casas colindan con el ex Jockey Club fueron notificados de que iban a ser desalojados.
El pasado viernes 10 de agosto, un vecino de la calle Tucumán, cuya casa está ubicada en inmediaciones al ex Jockey Club que el Gobierno expropió el año pasado, recibió un acta de intimación emanada por el juez Civil N° 1, Fernando Spagnuolo. Esta acta le informaba que el magistrado había dispuesto que tenía un plazo de 30 días para desalojar su vivienda, ya que la misma se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad del Inmueble como propiedad del Jockey Club. En caso de que el vecino no dejara su casa en el plazo estipulado, el acta del juez Spagnuolo autoriza el allanamiento del domicilio mediante el uso de la fuerza pública.
Con el correr de esta semana, más gente de la zona comenzó a recibir notificaciones similares, desatando el pánico entre el resto de sus vecinos que, en el contexto del anuncio que el Gobernador hizo esta semana, se pensaron que también corrían el riesgo de ser desalojados.
Los terrenos que habitan las familias de esta zona fueron cedidos por Adolfo Rodríguez Saá, cuando era gobernador, hace unos 30 años. Y si bien muchos no están escriturados, la mayoría de los terrenos, si es que no todos, como mínimo están inscriptos a nombre de sus actuales propietarios en Rentas.
El pánico de los vecinos tomó estado público el pasado miércoles, por lo que en la mañana de ayer, Roald Cattaneo, secretario judicial de Fiscalía de Estado, tuvo que salir a aclarar que todo se trató de un error que el juzgado cometió al, aparentemente, utilizar una mensura de hace más de 30 años, donde los terrenos todavía figuraban a nombre del Jockey Club.
Tras reunirse con los vecinos el miércoles, Cattaneo explicó lo siguiente: “Les transmití que se quedaran totalmente tranquilos, que nunca hubo la intención ni las directivas de desalojarlos de esa franja de terreno que está sobre la calle Tucumán. Fue una desinteligencia catastral. Esa franja está parcelada, está delimitada y han sido adjudicados por el propio Gobierno, está fuera de lo expropiado”.
“Entiendo la preocupación y la angustia de cualquiera que se levante un día y recibe una intimación de desalojo”, agregó el funcionario de Fiscalía de Estado, quien repitió que se trató de un “error catastral” y que el juzgado debería haber tenido “un poco de criterio al momento de las intimaciones”.
Todo este episodio trajo a colación otras cuestiones, como que hay familias que sí han construido sus viviendas dentro del predio del ex Jockey Club, a quienes “se les está buscando una solución habitacional”; que hay otras que con sus terrenos se han extendido adentro del predio a expropiar y que casi todos estos terrenos carecen de escritura, que es algo más que habitual tratándose de planes habitacionales previos a 2006.
“Estaría bueno que este tema sirva para hacer hincapié para pedir el tema de las escrituras, ya que somos barrios de hace muchos años. Necesitamos que nos faciliten el pagarlo así no vuelve a pasar esto”, comentó María de los Ángeles Fatto, una de las tantas propietarias que sufrió esta angustia.
