[dropcap style=”circle”]A[/dropcap]l igual que la primera del año, la sesión de hoy del Concejo Deliberante estuvo marcada por fuertísimos cruces entre los concejales del bloque Justicialista y la presidenta de la institución, Agustina Arancibia Rodríguez, en torno a los empleados de planta permanente despedidos, cuya reincorporación fue ordenada por la Justicia.
Las discusiones explotaron cuando Arancibia Rodríguez sometió a votación la resolución del cuerpo con todas las contrataciones de personal político de la institución, como los asesores de cada concejal y de Presidencia. Habitualmente, esto no suele ser más que un trámite, pero hoy los concejales Justicialistas se negaron a votar la resolución.
En primer lugar, Juan Martín Divizia dijo que cada uno de los 15 concejales tiene 4 asesores, lo que da un total de 60 personas. Sin embargo, en la resolución de Presidencia “son 90 los contratos firmados”, señaló el presidente del bloque opositor.
Esta diferencia de 60 a 90 viene por el lado de los contratos que tiene a su disposición la Presidencia, tanto para el funcionamiento de la misma como de otras áreas del Concejo. Por momento, no quedaba del todo claro si los opositores querían remarcar esta diferencia como algo fuera de lo común u otros factores; hasta que Alejandro Cordido remarcó que este “incremento del 33%” se da “sin ninguna explicación, comunicación o diálogo previo, en una situación en donde se encuentra judicializada la incorporación a planta permanente de 14 compañeros. Medida judicial que se está incumpliendo y que afecta a usted señora presidenta y la mesa directiva”.
Cordido continuó por varios minutos, mencionando todo tipo de artículos de la Carta Orgánica y del Reglamento Interno, al punto de que Arancibia le pidió en múltiples ocasiones que fuera al grano y citó el artículo 131, llamándolo “a la cuestión”, para que finalizara su alocución.
A su vez, Divizia pidió que se dividiera la resolución entre los contratados “que estaban firmando contrato ahora” y los que están “dentro de la causa judicial”, señalando que iban a acompañar una votación y abstenerse en la otra. Esto no fue aceptado y la resolución se aprobó por 8 votos positivos y 7 negativos.
Luego se puso a consideración del cuerpo una nota de Presidencia, para terminar la designación de Bárbara Témoli como asesora legal del Concejo. Bárbara es hermana del concejal Gastón Témoli y es una de las 14 personas despedidas a las que la Justicia ha ordenado que le devuelvan la planta permanente.
“Acá lo que estamos por cometer es un delito”, dijo Témoli, quien se trenzó en una nueva discusión con Arancibia Rodríguez, quien le pedía que se limitara a la cuestión. Obviamente, el opositor le respondía que todo lo relativo a la reincorporación de estas 14 personas eran parte de su fundamentación. “Usted tiene que reincorporar a 14 trabajadores y una de ellas es la asesora letrada. No solamente que no cumple con la orden judicial, sino que desafía al Poder Judicial, dándola de baja, pidiendo la liquidación final, porque eso no es reincorporar”, dijo Témoli, señalando en múltiples ocasiones que su bloque no podía “acompañar esa resolución”, porque sino iban “a estar cometiendo un delito”.
A Témoli le siguió un Cordido intratable, tirando artículos y normas a diestra y siniestra, señalando que la “designación de funcionarios es una facultad propia del cuerpo” y no de la presidencia; y que no puede cambiar eso con “una mayoría simple”. También sostuvo que esta resolución para terminar la designación de la asesora jurídica
significa una “usurpación de funciones del cuerpo, es decir abuso de autoridad”.
“Entiendo que muchas veces se asuma que teniendo un número de mayoría simple se pueda hacer lo que se quiera con las normas y la Constitución. Somos uno de los 3 poderes del Estado. El próximo paso es que con 8 votos decidan cerrar el Concejo Deliberante”, continuó el opositor.
Cabe señalar que, en esta discusión, el resto de los concejales de Cambia San Luis dejaron a Arancibia Rodríguez completamente sola y, salvo un tímido pedido de interrupción, no aportaron nada al debate ni brindaron apoyo a la presidenta del Concejo.
Eventualmente se pasó a un cuarto intermedio, pero en vez de llegar a algún tipo de acuerdo, se ve que ambos bloques mantuvieron sus posturas. Como último recurso, Divizia pidió enviar el proyecto a la comisión de Interbloque, pero el oficialismo no accedió a ello. Así fue como, nuevamente señalando que estaban cometiendo un delito, la oposición decidió retirarse del recinto.
Una vez se retiraron, los 8 oficialistas que quedaron aprobaron la resolución que terminaba la designación de Bárbara Témoli como asesora jurídica del Concejo y, de paso, mandaron todos los proyectos de la oposición a más de una comisión, así es aún más difícil que logren sacarlos adelante. Lo único que se aprobó fue un repudio a los actos vandálicos contra el edificio de la Municipalidad durante la marcha del 8M.
En cuanto terminó la sesión, automáticamente comenzó una especial, para tratar la designación de un nuevo asesor jurídico, lo cual se hizo en tan solo unos minutos, siendo elegido el abogado José Muñiz.
