La diputada nacional Berta Arenas escribió un artículo sobre la denuncia del fiscal Nisman contra la Presidenta. 
Hace algunas horas se conoció una noticia de alto impacto: la denuncia formulada por el fiscal Nisman contra la Presidenta de la Nación y otros funcionarios y dirigentes oficialistas, originada por supuestos ilícitos vinculados a la investigación del atentado contra la AMIA y las relaciones diplomáticas entre nuestro país e Irán.
El evidente fracaso del Memorándum de Entendimiento de la República Argentina con Irán es una verdad indiscutible. Las razones de dicho fracaso no son tan claras, aunque es evidente que Irán nunca tuvo intenciones serias de cumplir con el mismo.
A comienzos del año 2013 numerosas voces se alzaron contra esta iniciativa, que ponía en duda el accionar de la justicia argentina, entre ellas puedo mencionar a las dos instituciones israelitas de mayor relevancia, esto es AMIA y DAIA; asimismo los dirigentes políticos no alineados con el Gobierno de la Presidenta Kirchner también dijeron lo suyo, en tal sentido recordemos las expresiones del Senador Nacional, y ex Presidente de la Nación, Dr. Adolfo Rodríguez Saá, en oportunidad del tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, allí el ex Presidente de la Nación denunció que “el memorándum no lleva ni a la verdad ni a la justicia… estamos poniendo en el banquillo de los acusados a la justicia argentina”.
Pese a todas las advertencias la mayoría oficialista sancionó la ley de aprobación del cuestionado Memorándum, bajo el número 26843, en fecha 27 de febrero de 2013 y fue promulgada por el Ejecutivo al día siguiente, por Decreto Nº 236/2013.
Este nuevo capítulo, iniciado por la denuncia a la Presidenta, se presenta como de una gravedad institucional máxima. No obstante, como dirigente política integrante del Bloque Compromiso Federal, entiendo que en esta hora debemos proceder con total apego a la institucionalidad y evitar caer en “tentaciones” casi golpistas como le ocurre a otros sectores de la oposición, teniendo en cuenta que la última palabra en este tema la tendrá la Justicia, cuyo rol, precisamente en el tema AMIA, ha sido puesto en crisis por el propio Ejecutivo Nacional, con la redacción y sanción del ya a esta altura impresentable Memorándum de la impunidad.
Las víctimas y sus familiares reclaman justicia, y les asiste la razón.
En su momento, a fines de 2013, apenas asumí mi mandato, denuncié que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA es inconstitucional, porque afecta el derecho de las víctimas a obtener el debido reconocimiento judicial a sus derechos, tal como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los códigos procesales penales más modernos. En consecuencia presenté el Proyecto de Ley Nº 8264-D-2013, propiciando la derogación del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán.
Asimismo he presentado otros dos proyectos de mi autoría íntimamente vinculados al tema: 4266-D-2014, referido al otorgamiento de resarcimiento económico a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-; y 6465-D-2014, referido a permitir que se realicen juicios “en ausencia” a los sospechosos de haber cometido estos delitos; es decir, para superar el obstáculo que paraliza la causa AMIA: la imposibilidad de lograr la presencia de los imputados.
También debo señalar que el Estado Argentino está incumpliendo compromisos internacionales que contrajo ante las organizaciones que representan a las víctimas de la tragedia, compromisos que asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formalizados mediante decreto Nº
812/2005, en el que se reconoce la responsabilidad que le cabe al Estado Argentino en el atentado a la AMIA por el incumplimiento de los deberes impuestos y el quebrantamiento de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales, a la tutela judicial efectiva y al deber de garantía (artículos 4, 5, 8, 25 y 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También el Estado Argentino admitió la responsabilidad que le incumbe por las violaciones denunciadas, en cuanto existió el incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado -teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel.
Asimismo, asumió la obligación de adoptar “medidas de apoyo a la investigación”; en realidad poco y nada ha hecho el Estado Argentino en este sentido, lo cual es muy grave y llamativo.
Por eso propongo: deroguemos de inmediato el Memorándum de impunidad en el Congreso; también en el Congreso aprobemos la herramienta jurídico – procesal del Juicio en Ausencia; otorguemos el resarcimiento económico a las víctimas –porque son iguales que las víctimas de cualquier otra tragedia-; y a la Justicia dejémosla actuar, como lo indican la Constitución Nacional y las leyes.
Sin olvidar lo más importante: que se resuelva la causa del atentado, alguien fue y los que fueron deben pagar, de eso no debemos olvidarnos, de luchar por el esclarecimiento total, por todos los medios legales a nuestro alcance.
