[dropcap style=”square”]L[/dropcap]a integrante del Superior Tribunal, Lilia Ana Novillo, defendió la autorización que otorgó el máximo tribunal provincial a una funcionaria judicial para que trabaje desde Alemania por un año, tal como informó La Gaceta en la mañana de hoy. El tema generó polémica en el foro local e incluso el Colegio de Abogados de San Luis criticó al acuerdo en cuestión.
“No sé por qué ha causado tanto revuelo. ¿A quién le hace daño? A nadie”, justificó Novillo. La periodista Cristina Sosa manifestó que las personas que acuden a su lugar de trabajo diariamente se pueden sentir dañadas. “Bueno, pero la cuestión es que trabajen. ¿Y los que están de buena voluntad y trabajan desde su casa porque están enfermos?”, retrucó la magistrada.
“Todos están en las condiciones de pedir lo mismo”, contestó la periodista. “Sí, que lo justifiquen”, respondió Novillo.
El acuerdo 407 del Superior Tribunal, con fecha del 10 de julio, establece que Erika Paola Costa, secretaria relatora de la Procuración de la Provincia, “por razones personales-familiares impostergables” fue autorizada a trabajar por un año en la ciudad de Colonia, Alemania”. El pedido fue realizado al Superior Tribunal por el procurador general de la provincia, Fernando Estrada.
“Su esposo ha sido trasladado a Alemania en un cargo no sé de qué. No es del Poder Judicial y ella naturalmente tiene que seguir al esposo”, explicó Novillo, minutos después del acto de asunción de las titulares de los juzgados de violencia.
Mientras Novillo habló con todo gusto con los medios presentes, instantes previos, su colega Martha Corvalán huyó de los periodistas sin querer hacer declaraciones por la puerta trasera del Salón de los Escudos. Los medios acudieron primero a ella porque es la presidenta subrogante del Superior Tribunal. Por su parte, el presidente del alto cuerpo, Carlos Cobo, no estuvo presente en el acto en el Palacio de Justicia.
Novillo contó que hace algunos meses, Estrada le propuso que Costa trabajara online. “A mí me pareció razonable. Entre no tenerla un año y tenerla relatando desde donde fuera a mí me parecía bien”.
El Colegio de Abogados de San Luis considera que el polémico acuerdo viola los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia al autorizar la labor sin la concurrencia al lugar de trabajo ni residencia en la provincia. “La ley orgánica es del año de María Castaña. Si yo planteara eso no sé quién quedaría. Hay otra ley que cuando se plantea la firma digital en la Provincia por un artículo autoriza al Superior Tribunal, todo lo que sea tecnología, pueda refomularlo”.
En el transcurso de la mañana trascendió el rumor que el Superior Tribunal daría marcha atrás con el acuerdo 407 ante la polémica que se generó gracias a la difusión que tuvo. “No sé si va a aparecer otro acuerdo. No por mí. Puede ser que los otros ministros decidan dar marcha atrás, pero no yo”.
