[dropcap style=”square”]E[/dropcap]sta tarde, en la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados, además de rechazar el presupuesto 2020 del Gobierno provincial, aprobó la Ley de Talles, la adhesión a la Ley Micaela y la de Acoso Laboral.
Si bien el debate fue un tanto ajustado, el proyecto de la Ley de Talles, perteneciente a la diputada Sonia Delarco, fue aprobado por mayoría. “Se fundamentó en aquellos casos de personas que se encuentra con la imposibilidad de adquirir indumentaria porque los talles no se ajustan muchas veces a su cuerpo. Entonces el objetivo de este proyecto de ley es evitar la discriminación relacionada con la posibilidad de vestirse”, fundamentó la diputada Delarco. “Evidentemente, esta situación creaba muchas falencias, necesidades y discriminación”, agregó la legisladora, señalando como a nivel nacional también se aprobó una Ley de Talles.
La ley aprobada establece que los comercios que se dediquen a la venta o fabricación de ropa deberán ofrecer “indumentaria que se corresponda con la tabla de medidas corporales normalizadas, conforme a las normas IRAM de la serie 75.300 y sus actualizaciones”. Además, los comercios deberán tener en su interior carteles explicativos de la tabla de medidas corporales, ubicados en los lugares donde se encuentran exhibidas las prendas.
Cabe señalar que el proyecto establece que esto se aplicará en relación al género y/o franja etárea al que apunte el comercio en cuestión. Esto también se aplicará a los maniquíes, los cuáles deberán tener las medidas “consideradas como normales por el sector de la población al que va dirigida la oferta”.
Este proyecto además contempla la posibilidad de denunciar ante Defensa del Consumidor a un comercio que no tenga el talle requerido, al mismo tiempo que fija sanciones a modo de multas, cuyos montos deberá establecer el Poder Ejecutivo.
La principal oposición a este proyecto vino de parte del diputado Alberto Fara, quien criticó no haber convocado a los comerciantes de ropa para debatirlo, y opinó que el proyecto “en la práctica es total y absolutamente inaplicable”. Como ejemplo, Fara señaló que el proyecto habla de que “todos los establecimientos comerciales y/o industriales ubicados en la provincia de San Luis deberán confeccionar y ofertar”. El problema vendría por el lado de que la enorme mayoría de la ropa que se comercializa en San Luis viene de otro lado.
Fara también señaló todos los problemas que debió sortear la Ley Nacional de Talles, especialmente en lo que se refiere a definir las medidas de los cuerpos argentinos, para lo cual se realizará un estudio con una muestra de hasta 15 mil personas, ya que históricamente se ha utilizado el sistema de talles europeos. Otro punto que criticó fue que los comercios tengan que declarar, cuando se solicita la habilitación, el segmento etáreo al que va dirigida la actividad económica. “Es tan dinámico este tipo de comercio, que un día le toca vender una cosa y después otra. Un día viene un viajante y te ofrece una cosa distinta y usted la compra, pero no la declara. Fíjese todas las cosas que tenemos que mejorar y corregir”, continuó Fara.
El legislador, para finalizar, propuso que el proyecto regrese a comisión y se haga una convocatoria a los comercios de la provincia, para así evitar presentaciones judiciales en contra de esta ley. Esta iniciativa no prosperó, ya que el proyecto de Delarco terminó siendo aprobado por mayoría. Ahora queda esperar si el Senado, ya el año que viene, le dará la media sanción restante.
Otro proyecto que fue impulsado por Sonia Delarco y que se aprobó el día de hoy, convirtiéndose en ley porque ya pasó por el Senado, es la Ley Provincial de Acoso Sexual Laboral, Acoso Ambiental y Violencia Laboral. Este proyecto fue aprobado junto a la adhesión a la llamada Ley Micael, la cual establece “la capacitación obligatoria a los Tres Poderes del Estado Nacional en la temática de género y violencia contra las mujeres”. Estas capacitaciones comprenden a todas las personas que trabajen en los “en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías”.
La discusión sobre la Ley Micaela no pasó por el contenido del proyecto, sino por cómo ha sido el trámite legislativo, ya que Diputados aprobó, meses atrás, su propio proyecto de adhesión a esta ley. Inentendiblemente, el Senado cajoneó la media sanción de Diputados y aprobó un proyecto enviado por el Gobierno provincial. “Es una acción que no entendemos y que creemos que es una falta de respeto hacia Diputados. Más allá de eso, ayer en la comisión dejamos de lado cualquier diferencia de forma y problemática, porque para estos proyectos hay que estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo el diputado Juan Pablo Funes Bianchi.
Más allá de estas quejas con respecto a la forma, el proyecto terminó siendo aprobado por unanimidad.
Junto a la Ley Micaela, se aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Acoso Sexual Laboral, Acoso Ambiental y Violencia Laboral, la cual obtuvo su media sanción en diputados en 2017 y fue congelada por el Senado provincial por casi dos años. Afortunadamente, esta ley no murió allí, como le ha pasado a tantas otras, e inclusive recibió algunas modificaciones que la mejoraron, por lo que debió volver a Diputados, que fue su cámara de origen.
Este proyecto es en realidad una modificación a ley que está vigente en la actualidad, la cual contemplaba el abuso solo por parte de los funcionarios o jefes de área. El texto sancionado ayer incluye a “funcionarios, jefes, autoridades superiores, compañeros de trabajo, subordinados y/o terceros vinculados directa o indirectamente”.
Además se introduce el concepto de “acoso ambiental”, el cual se define como “los chistes, comentarios o conversaciones de contenido sexual, ejercido por Funcionarios, Jefes/as, Autoridad, compañeros/as y/o terceros, que instauren un ambiente de trabajo intimidatorio y hostil, que perturbe la tranquilidad laboral y la igualdad de trato”.
“Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de edad, género, identidad de género u orientación sexual, estado de salud, nacionalidad, inferioridad jerárquica u otra condición análoga”, establece uno de los artículos de la modificación aprobada ayer.
Esta ley además establece que ninguna autoridad podrá negarse a la recepción de una denuncia, y también que se deberá ordenar una investigación inmediata. Por su parte, las sanciones, según la gravedad del hecho, van desde la suspensión sin percepción de haberes, la cual puede ser de 5 a 40 días, hasta la cesantía de quien lo haya cometido.
Al igual que la Ley Micaela, este proyecto fue aprobado por unanimidad y se convirtió en ley.
