[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]sta mañana fue la primera sesión del periodo 2021 del Concejo Deliberante y, una vez más, el convenio con Edesal volvió a generar polémica. Por otro lado, este año la conformación de las comisiones fue prácticamente sin conflicto alguno. También se conoció que Juntos por San Luis va a ser el nombre del bloque que van a integrar el presidente del Concejo, Javier Suárez, y Otoniel Pérez Miranda, aunque a este último más de una vez se equivocó y dijo “Juntos por el Cambio”.
Los bloques quedaron compuestos de la siguiente manera:
– Identidad Popular: Carlos Ponce
– San Luis 20-30: Germán Ponce (presidente), María José Domínguez y Daniel Ferreyra.
– San Luis Unido: Celeste Aparicio (P), Guillermo Araujo y Ailen Chaine.
– Juntos por San Luis: Otoniel Pérez Miranda (P) y Javier Suárez.
– Frente Justicialista de Todos: Gastón Témoli (P), Lautaro Ojeda, Julieta Ponce, Agustina Gatto, Daniela Serrano y Johana Sosa.
En cuanto a las comisiones, por más que el FJT pretendía tener 3 miembros en cada una de ellas, y por ende quórum propio, tuvo que ceder ante las otras fuerzas y se terminó imponiendo un esquema con 2 concejales por la primer mayoría, 1 por de San Luis Unido y 1 por el interbloque San Luis 20/30, ya que ambas fuerzas tienen el mismo número de ediles (3) y están empatadas como “la primer minoría”. En cuanto a Juntos por San Luis e Identidad Popular, se decidió que integren comisiones “en la medida de su proporcionalidad en el cuerpo”. Así quedaron comisiones con
“Va a favorecer el trabajo en las comisiones, porque se van a compensar y ninguno va a tener garantizado el quórum absoluto como para poder imponer propuestas. Esto va a generar debate, consenso y luego se deberá dirimir todo el asunto en el recinto, que es lo ideal”, dijo Germán Ponce, celebrando que el FJT haya accedido sin mucha pelea a este esquema. De este modo, las comisiones quedaron compuestas de la siguiente manera, algunas de ellas con 4 integrantes y otras con 5:
– Hacienda y Presupuesto: Lautaro Ojeda, Gastón Témoli, Guillermo Araujo, Germán Ponce y Carlos Ponce.
– Legislación e Interpretación: Daniela Serrano, Gastón Témoli, Guillermo Araujo, Otoniel Pérez Miranda y Germán Ponce.
– Obras Públicas: Johana Sosa, Julieta Ponce, Ailen Chaine y Daniel Ferreyra.
– Previsión Social, Educación y Cultura: Agustina Gatto, Julieta Ponce, Ailen Chaine y Daniel Ferreyra.
– Seguridad: Agustina Gatto, Daniela Serrano, Celeste Aparicio y Daniel Ferreyra.
– De la Mujer, el niño y ancianidad: Daniela Serrrano, Johana Sosa, Ailen Chaine y María José Dominguez.
– Interbloques: German Ponce, Gastón Temoli, Celeste Aparicio y Otoniel Peréz Miranda.
– Transporte: Julieta Ponce, Gastón Temoli, Ailen Chaine, María José Domínguez y Javier Suárez Ortiz.
– Investigadora: Agustina Gatto, Julieta Ponce, Celeste Aparicio y María José Domínguez
– Turismo: Lautaro Ojeda, Johana Sosa, Guillermo Araujo y Daniel Ferreyra.
– Salud e Higiene: Lautaro Odeja, Johana Sosa, Celeste Aparicio y María José Domínguez.
– Juventud: Julieta Ponce, Guillermo Araujo, Agustina Gatto y María José Domínguez.
En cuanto al convenio con Edesal, la polémica se despertó cuando, como es costumbre en la primera sesión del año, se estaban leyendo todas las comunicaciones y proyectos que han ingresado al Concejo Deliberante. Una de estas comunicaciones provenía del Poder Ejecutivo e incluía el decreto “referido a autorizar a la Secretaría de Hacienda a implementar el acta acuerdo suscripta entre la Municipaldiad de San Luis y Edesal SA”. Este decreto, por lo que luego se debatió, debería haber sido puesto a conocimiento del cuerpo, pero fue puesto a consideración y girado a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Por ende, el concejal Guillermo Araujo, que ha iniciado una demanda penal en contra de este convenio, se remitió al Código Tributario Provincial y argumentó que “ningún magistrado ni funcionario ni empleado de la Administración Pública registrará o dará curso a tramitación alguna con respecto a actividades o bienes relacionados con obligaciones tributarias vencidas”; y que “tampoco registrará, ordenará el archivo o dará curso a tramitación alguna sin que previamente se abonen las tasas retributivas de servicios que corresponde”.
En este sentido, Araujo sostuvo que no se han pagado los impuestos a los sellos correspondientes al convenio con Edesal, y que, de hecho, esta información fue ocultada. Recién cuando el juez de la causa lo ordenó, la Dirección de Ingresos Públicos informó que los impuestos no han sido abonados.
Por su parte, el FJT trató el tema como algo ya zanjado, con Gastón Témoli señalando que el juicio político que Araujo inició “fue cerrado en un tiempo récord porque no había ningún sustento” y que se actuó “ajustando todo lo actuado de manera estricta a la ordenanza de juicio político”.
Témoli además remarcó que correspondía que el tema fuera puesto “a conocimiento” y no “a consideración”, e hizo hincapié en que “será la Justicia, en definitiva, la que deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión”. Eventualmente, tras más de media hora de debate y unos cuantos inconvenientes técnicos, la comunicación sobre el convenio fue catalogada como “puesta a conocimiento” y el tema quedó ahí, al menos por hoy, porque seguramente va a volver a surgir en sesiones futuras.
