[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]sta mañana, militantes de las agrupaciones Libres del Sur y Barrios de Pie se manifestaron frente al predio del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que 4 beneficiarias de Inclusión Social que fueron candidatas en las pasadas elecciones fueran despedidas. Tres de estas mujeres ya fueron reincorporadas, por lo que queda solo una que, por el momento, no está cobrando el beneficio.
El exdiputado Joaquín Mansilla, principal referente de Libres del Sur aquí en San Luis, denunció que estos despidos responden a “persecución política, aprietes y amenazas a compañeros que fueron candidatas en las elecciones legislativas”.
“Esto sucedió a principio mes, cuando las compañeras descubrieron, luego de trabajar todo el mes, que no les habían depositado su sueldo. Todavía hay compañeras que no han cobrado y siguen reclamando para poder llegar a Navidad con una respuesta concreta”, continuó Mansilla, quien denunció también que otra mujer estaba trabajando en un municipio y fue arbitrariamente “vuelta a parcela, con lo cual perdió el beneficio económico”.
“Y hay muchas más compañeras que fueron amenazadas y les dijeron que todos los que fueron candidatas van a ser echadas”, añadió Mansilla.
En concreto, desde Libres del Sur hoy se reclamó que la mujer despedida se reincorporada al Plan y que “se finalice con los aprietes, las amenazas y los traslados de castigo y que se garantice que no haya más despidos”. Sin embargo, el reclamo no fue atendido por ningún funcionario, ya que el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra acéfalo desdeque Federico Berardo asumió como diputado provincial. Supuestamente, su hermano Miguel, actual secretario General de la Gobernación, se encuentra provisoriamente a cargo de Desarrollo Social, y habría mandado a decir que no iba a recibir a ninguna autoridad de Libres del Sur.
“Solamente pretendían recibir, por separado e individualmente, a las personas afectadas del Plan de Inclusión, cosa que ya han hecho y no les han dado respuesta. Como entendemos que esto es una persecución política, pretendemos una respuesta política inmediata y que den la cara los responsables políticos. En definitiva, el único y verdadero responsable de esta situación y esta política de apriete es el gobernador Alberto Rodríguez Saá”, concluyó el diputado.
