Como bien informó ayer La Gaceta, las boletas de luz correspondientes al mes de agosto van a incluir un aumento que será en total del 26%, pero que en algunos casos particulares puede llegar al 30%. Este aumento está conformado por un aumento del 22% aplicado por el Gobierno Nacional al costo de la energía y un 8% de aumento en la tarifa local de distribución.
Este 8% forma parte de un aumento del 15,5% que el Gobierno le otorgó a Edesal para el periodo agosto 2018 – marzo 2019. Este aumento del 15,5% se ha dividido en cuatro partes, a razón del 8% que se aplicó a la boleta de agosto, y tres aumentos del 2,5% cada dos meses, hasta llegar a marzo de 2019.
Cabe señalar que, según explicó el ingeniero Walter Ortega, todos estos valores son “en promedio en función de la totalidad de los usuarios”. “Si la Nación no toca los precios, el aumento de los próximos meses es solo el 2,5% que le corresponden a Edesal”, agregó el ingeniero.
De este modo, el aumento total, una vez llegado marzo de 2019, será de casi el 38% en relación a julio de 2018; salvo que Nación autorice otro aumento más. De igual manera, cabe recordar que de ese 38%, un poco menos del 16% corresponde a Edesal, lo que significa que la Comisión Reguladora de Energía hizo una gran reducción al aumento solicitado por la distribuidora, que era del 33% en agosto y del 44% en octubre.
“Habíamos solicitado un aumento mucho mayor porque la incidencia de los costos, que es lo que se discutió en la audiencia pública, daba valores mucho más grandes. Sin embargo, en función de la situación social que se vive y de que la Nación aplicó un aumento tan grande del 22%, la provincia ha decidido no aceptar el pedido de Edesal”, comentó Ortega.
Traslado de la tarifa social
Otra importantísima novedad que se ha producido en materia energética es que, según lo dispuesto por una resolución del ex Ministerio de Energía y Minería que fue publicada el pasado 3 de septiembre, las provincias serán, de ahora en más, las encargadas de financiar las tarifas sociales.
“Establécese que a partir del 1 de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, sus modificatorias y complementarias, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)”, dice el artículo primera de esta resolución que busca trasladar todos los costos de la tarifa social a las provincias.
Esta medida, explicó Ortega, seguramente va a conducir a una modificación de los cuadros tarifarios de la empresa. “No sabemos ahora si la provincia va a poder pagar la tarifa social o no”, dijo el ingeniero de Edesal, refiriéndose a los constantes cambios que se están viviendo en el sector energético.
Por el momento, se desconoce si la Nación hará algún traslado de fondos a las provincias para que puedan pagar ellas la tarifa social. En caso de que no sea así, seguramente se podrá esperar algún tipo de medida judicial por parte del Gobierno provincial, como siempre ha ocurrido cuando la Nación trasladó distintas responsabilidades a las provincias sin los fondos correspondientes.
