Cabe recordar que, el proyecto de Laborda Ibarra, fijó que los estudiantes, docentes y no docentes de escuelas y universidades públicas y privadas, junto a un acompañante, iban a poder viajar gratuitamente, en los colectivos de Transpuntano, las 24 horas del día, todo el año. Como bien explicó el concejal radical Francisco Guiñazú, el que no se haya puesto ningún tipo de límite, como por ejemplo que funcione en horario escolar, de lunes a viernes y de marzo a diciembre; podría significar que la empresa municipal pierda, en el peor y más extremo de los casos, hasta 52 millones de pesos anuales.
“Se trata de un proyecto de ordenanza que no está precedido por un mínimo estudio que le certeza y seguridad. Tampoco se prevé cuál va a ser el costo del mantenimiento, y, en consecuencia, no prevé, y esto tiene la obligación legal de establecerse, el recurso con el cual va a ser atendido. Todos sabemos que no se puede crear un gasto si no se prevé paralelamente la partida de la cual vamos a extraer los recursos para afrontarlos. Esto no se cumple en esta ordenanza, lo cual deja en evidencia un nivel de previsión llamativo, cercano a la irresponsabilidad republicana”, fue la postura de la Municipalidad que Fagés expuso.
“Si nosotros no generamos las condiciones mínimas de la viabilidad de estos servicios, estaríamos atentando contra el resto de los ciudadanos que hacen su aporte permanentemente. Sería injusto que se vean privados de disponer de un servicio que, por tornarse no rentable, tiendan a suspender sus prestaciones. Proyectos de esta naturaleza aparecen con una tendencia política aviesa, torcida, que más que beneficiar a un sector, tiende a poner palos en la rueda en la gestión del gobierno municipal. Del modo que está planteada, esta ordenanza es absolutamente inviable por antieconómica e imposible de mantener”, agregó el secretario de Gobierno.
A su vez, informó el funcionario, el decreto de veto que fue enviado al Concejo convoca a “la formación de una comisión de los distintos sectores que se han involucrado en este tema”, para que contemple “la mejor manera de instrumentar un boleto que realmente sea un aporte” y que también se haga cargo el Gobierno provincial. “Ustedes saben que, por la Constitución, la Provincia debe garantizar todas aquellas medidas que hagan al acceso a la educación. El transporte tiene incidencia directa en esto”, dijo Fagés, tirando la pelota al otro lado.
Finalmente, el secretario de Gobierno comentó, tras una pregunta de este medio, que jamás se contempló la posibilidad de modificar la ordenanza, delimitando los días, meses y horarios en que habría funcionado el boleto estudiantil gratuito. “Nosotros no podemos emparchar una situación que ya viene mal barajada. Si nosotros estuviésemos hablando de un estudio integral de la situación, podríamos corregir algún desajuste”, opinó el funcionario.
Aumento del boleto de colectivo
Como adelantó ayer La Gaceta, el presidente de Transpuntano, Ignacio Campos, manifestó que un análisis de estructuras y costos arrojó que el nuevo valor del boleto debería ser $2,64. De todos modos, en el proyecto que Ponce elevó al Concejo, se terminó solicitando una tarifa de $2,25, ya que se ha “determinado no trasladar todo este pedido al usuario”.
”Con esos montos, nosotros garantizaríamos prestar el servicio en condiciones adecuadas de seguridad”, dijo Campos, quien agregó que la empresa, en este momento, “se mantiene en una situación de un frágil equilibrio financiero”, la cual solo alcanza “para mantenerla en las condiciones de funcionamiento en que se encuentra” actualmente. “No nos permite crecer la prestación
del servicio, en hacerlo más eficiente, en llegar a más lugares y llegar de manera más cómoda a los usuarios. Y ni pensemos en inversiones para ampliación de la flota o la incorporación de nuevas tecnologías”, concluyó el presidente de Transpuntano.
