“Estas fotos difundidas ayer remiten a las peores épocas de nuestro país”, dijo el Intendente.
“Estas fotos difundidas ayer remiten a las peores épocas de nuestro país, cuando las personas eran torturadas de manera sistemática por las fuerzas de seguridad, práctica que por lo visto en nuestro país no ha cesado del todo, pero que en democracia se vuelven humanamente intolerables”, dijo el intendente Enrique Ponce, sobre las polémicas fotografías difundidas el día de ayer.
Tras conocerse hoy un informe periodístico con imágenes fotográficas tomadas en el pabellón de menores en el año 2013 en momentos en que se realizaba una requisa, la titular de la Dirección de Derechos Humanos, Ana María Garraza, confirmó en conferencia de prensa que, conjuntamente con el Observatorio de Derechos Humanos, analizarán los acontecimientos para oportunamente denunciarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos)
“Me refiero a imágenes, con el agravante que pertenecen a una requisa realizada en el pabellón de menores. La ley penal juvenil establece que hasta los 16 no hay imputabilidad. Entre los 16 y los 18 hay imputabilidad, pero no pueden cumplir condena. De modo tal que lo más probable es que los menores que aparecen en la foto sean procesados. Es decir no pueden ni legal, ni jurídica ni constitucionalmente estar condenados. Aun estando condenados, nada ni nadie justificaría el trato que se recibe. Porque esto aparece hoy en una foto, pero las denuncias que se reciben en el Observatorio de Derechos Humanos y en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad sobre este tipo de acontecimientos, son bastante comunes. Lo que pasa es que ahora tenemos un registro fotográfico”, dijo Garraza, quien además recordó el polémico caso del matrimonio Barroso – Chirino.
Al referirse puntualmente a las imágenes, remarcó la desnudez que exhiben los menores, la posición física en la cual se encuentran. “La sonrisa de los señores penitenciarios frente a lo que están haciendo hablan de un perversidad, vista y comprobada en regímenes totalitarios y no en sistemas democráticos. La sonrisa de los agentes e incluso del jefe que aparece en una foto sonriendo a la cámara, deja ver la impunidad con que actúan”, dijo la funcionaria municipal.
Por último, Garraza confirmó que “la Dirección y el Observatorio de Derechos Humanos van a investigar muy bien el tema legalmente para proceder en el estudio de una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos)”.
Comunicado del Observatorio de Derechos Humanos – Municipalidad de la ciudad de San Luis
Art. 18. Constitución Nacional de la República Argentina:”…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice…”
El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, ante las imágenes publicadas en un portal de noticias de nuestra ciudad, que registran las condiciones de una requisa realizada en Pabellón de Menores de la Penitenciaría de San Luis, repudia los hechos y responsabiliza de esta situación a las autoridades penitenciarias, al Ministro de Seguridad y al Gobernador de la Provincia de San Luis.
Cualquiera haya sido el motivo que origino la requisa, nada justifica el maltrato y las torturas infligidas a los detenidos. Estas acciones no pueden tener validez jurídica, legal, constitucional ni moral.
El art.
1 de la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles, afirma: “ A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…”
Lo sucedido en el Pabellón de Menores, en la Penitenciaria de San Luis, forma parte de una Política Represiva y Punitiva que se implementa en esta provincia por parte de sus gobernantes. Un gobierno puede tener legalidad por haber surgido del voto popular, pero pierde su condición de legitimidad, cuando adopta prácticas que se contraponen a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los Tratados Internacionales y las leyes vigentes.
Por su parte, la ley 24.660 sobre Ejecución de Sentencias, establece en el capítulo III “Normas de trato” y en el art. 77 que “Al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos… todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan”.
Este Observatorio se reserva el derecho de iniciar acciones, no sólo de difusión sino también de carácter legal ante Organismos Nacionales e Internacionales de competencia.
