[dropcap style=”square”]A[/dropcap] lo largo de los años, los conflictos entre la Municipalidad y el juzgado de Faltas que conduce Alejandro Ferrari han sido múltiples, con escasos periodos de paz entre medio. Esta serie de conflictos va a llegar a uno de sus puntos máximos en las próximas semanas, cuando la Municipalidad finalice un duro informe que será remitido al Concejo Deliberante y que, en un futuro, podría convertirse en una denuncia penal en contra del juez.
Si bien esta presentación será realizada por la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, son cuatro las áreas que están trabajando en el tema: el Cuerpo Único de Inspectores Municipales (CUIM), dependiente de la Secretaría de Hacienda; la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Infraestructura; y SerBa, que depende de la Secretaría de Servicio Públicos.
En este contexto, La Gaceta dialogó durante la semana pasada con el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, ya que el área a su cargo ya terminó con su informe, el cual cubre un periodo de 5 años, de diciembre 2012 a 2017. Lo primero que Pringles destacó fue que, en ese periodo, el CUIM remitió al Juzgado de Faltas 5.557 actas por distintas irregularidades y contravenciones en comercios de la ciudad. De todas estas actas, solo 547 fueron contestadas por el juez Ferrari, de acuerdo al informe de Hacienda de la Municipalidad.
“La actuación del juez ha quedado en evidencia porque no ha sido clara, objetiva e imparcial. Aplica la norma a conveniencia de acuerdo a ‘la cara del cliente’”, dice Pringles en un informe escrito que entregó a este medio. A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la clausura del supermercado Walmart que se produjo el año pasado por “falta de documentación sanitaria exigible, norma sobre higiene de los locales o incumplimiento a condiciones bromatológicas”. En este caso, el juez aplicó una multa de $118.000.
“Ese mismo mes, la firma Aiello Supermercado fue sancionada por el mismo incumplimiento con un multa de $15.000 que fue pagada en donaciones a comedores barriales, muchos de los cuales están vinculados al Gobierno”, dice el informe de Pringles. “No tiene imparcialidad y no es objetivo en la aplicación de lo que dice el Código de Faltas”, dijo el secretario luego en una entrevista con La Gaceta.
“Después, con el tema de la Saladita, habíamos secuestrado camiones con ropa de dudosa procedencia. Le remitimos al juez el acto de secuestro de la mercadería y el mismo día, con unas horas de diferencia, nos manda un oficio para que liberemos la mercadería, sin ningún tipo de presentación de documentación. Y así pasa con los boliches bailables”, comentó Pringles, señalando que hubo 122 clausuras y que “siempre son los mismos infractores”.
“Hay muchas reincidencias y nunca el juez aplicó la norma severamente, dándole tratamiento como reincidentes, donde el Código de Faltas establece multas muy severas y hasta la clausura definitiva”, remarcó el funcionario municipal sobre el caso de los boliches. En todos estos casos, sostuvo Pringles, el juez levantó la clausura, pero se desconoce si se aplicó algún tipo de multa.
De hecho, el secretario de Hacienda sostiene que el Juzgado de Faltas no genera el dinero suficiente ni siquiera para pagar los sueldos de su personal. Hoy en día, la recaudación del Juzgado no llega a los 500 mil pesos, que es la tercera parte de lo que Pringles estima que se tendría que recaudar, teniendo en cuenta todas las actas que remite la Municipalidad.
Todo esto también está relacionado a cuando, hace unas semanas, se conoció un aumento de sueldo “secreto” que se otorgó por decreto a funcionarios del Poder Ejecutivo y concejales de San Luis. El aumento es exactamente el mismo que se dio a los empleados municipales, con la diferencia de que estos lo cobraron en tres pasos, de abril a octubre; mientras que los funcionarios y concejales fue de una sola vez este mes. Lo más llamativo de todo este asunto es que el decreto no incluyó al juez de Faltas ni a los secretarios del Juzgado. De hecho, el tema salió a la luz cuando Ferrari remitió una nota al Poder Ejecutivo, pidiendo que el aumento se haga extensivo a él y a los secretarios del Juzgado.
Consultado sobre este punto, y teniendo en cuenta la larga historia de conflictos entre ambas partes, La Gaceta consultó si se va a otorgar el aumento al juez y sus secretarios. A modo de respuesta, Pringles dio claramente a entender que esto no va a ocurrir al corto plazo. “No es político, es un tema de recursos. Todo gasto debe estar acompañado de un recurso. Hoy en día, el Juzgado de Faltas no recauda para pagar los sueldos”, concluyó el secretario de Hacienda.
