La construcción sobre espacios comunes es una de las más frecuentes.
Ayer, funcionarios municipales se refirieron a las irregularidades encontradas durante los operativos que la dirección de Obras Privadas efectuó de los distintos complejos habitacionales ubicados dentro de la ciudad de San Luis. “Los barrios que estamos relevando son el José Hernández, Urbano J Núñez, Esperanza V, 131 viviendas y el Barrio ATE III”, dijo Ricardo Bazla, actual subsecretario de Control Comunal y Planificación Operativa.
“En el barrio ATE III labramos algunas actas dada la recurrente cantidad de infracciones al Código Urbanístico que se han producido a lo largo de los años en ese lugar. También hemos verificado la existencia legal del consorcio de ese barrio, tal como lo establece la ley de propiedad horizontal y ese consorcio se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, de modo que la responsabilidad del manejo de la actividad del consorcio está en manos de la autoridad provincial que entiende en la materia. Apelamos entonces a esa responsabilidad institucional a los efectos de garantizar la normalidad de cada uno de los consorcios y así evitar conflictos, sobre todo en los espacios de uso común”, comentó Bazla.
“Todos los monobloks están bajo la ley de propiedad horizontal. Los departamentos son propiedad de uso privado, pero también hay espacios de uso común como son las escaleras, el hall de ingreso, terraza y otros espacios. Lo que sucede es que al desconocer los alcances de la ley de propiedad horizontal o de cómo es el manejo del consorcio porque tal vez en algunos barrios este nunca se conformó realmente, han sucedido irregularidades”, dijo, por su parte, Claudia Ponce, directora de Obras Privadas.
“La ley de propiedad horizontal establece que en un mismo terreno pueden haber muchos propietarios y en su articulado la ley refiere a la buena convivencia entre los copropietarios. Cuando hay problemas entre vecinos, uno debe dirigirse al Juez Civil. Se llama construcción clandestina cuando los propietarios no pagan el derecho de construcción y para pagar ese derecho es necesaria la presentación de planos, de los cuales luego eventualmente pueden derivarse responsabilidades civiles. En el caso de que ese propietario ya haya construido, puede declararlo por propia voluntad y de la antigüedad de esa construcción depende el valor del relevamiento o declaración de superficie construida. Una construcción no declarada mayor a 25 años paga 3.50 pesos por metro cuadrado, mientras que una construcción cuya data sea menor a 25 años, paga 25 pesos por metro cuadrado”, precisó la directora.
“En el barrio ATE no se podría haber modificado nada de la construcción original debido a que existe en los papeles un consorcio, pero que en la realidad no funciona. Cada propietario ha efectuado ampliaciones en espacios comunes, de los cuales todos los vecinos son propietarios. Por ejemplo, un departamento ubicado en el último piso no podría efectuar una ampliación que afecte a la terraza, porque de esa terraza todos propietarios. Evidentemente esto ha sucedido por desconocimiento de la ley de propiedad horizontal y también por desconocimiento de los derechos básicos individuales”, dijo Ponce, mencionando algunas de las irregularidades encontradas.
“Si un propietario si se siente en peligro o se siente perjudicado, debe acudir a la Justicia. El Municipio solo efectúa la constatación de las irregularidades y elabora un expediente que luego sirve como prueba ante la Justicia. El Municipio solo actúa de oficio cuando la obra está en construcción. Entonces ahí se paraliza la obra por falta de planos y cartel de obra y se elevan las actuaciones al juez de Faltas. La irregularidad más grande del barrio ATE III es que el barrio no cuenta con planos aprobados porque el
Gobierno provincial nunca regularizó la obra ante la Municipalidad”, comentó la funcionaria.
“Para que los ciudadanos puedan sacarse las dudas, la Municipalidad cuenta con algunos modos de comunicación, como por ejemplo el 0800 666751 y también a través de la página de la Municipalidad, en la cual figuran todos los trámites”, concluyó Claudia Ponce.
