El secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia, en primer lugar aclaró que los pedidos de factibilidad realizados por las tres empresas interesadas en construir las 1.000 viviendas del Gobierno se hicieron en terrenos ubicados en zona agraria y no se permite la construcción de viviendas, según establece el Código Urbanístico. Para que esto fuera posible se debe modificar el Código para que las zonas agrarias presentadas por las empresas sean transformadas en residenciales, lo que lleva tiempo, de acuerdo al funcionario.
Además, Zarrabeitia dijo que en los mencionados terrenos agrarios presentados por las empresas no están disponibles los servicios municipales. No llegan las conexiones de agua y cloacas, como tampoco la recolección de residuos, ni el transporte urbano de pasajeros.
A raíz del impedimento que dicta el Código Urbanístico, una de las empresas presentó el pedido de factibilidad de terrenos en la zona sur de la ciudad a la vera de la ruta 3, lugar donde el municipio y el Gobierno construyeron barrios últimamente.
“Ahora estamos viendo ese terreno que sí estaría en mejores condiciones desde el punto de vista urbanístico porque esa zona se cambió de agraria a residencial. Pero en este caso, el problema de las cloacas sigue existiendo. Deben buscar algún tipo de solución puede ser a través de una planta de tratamiento compacta”, explicó el funcionario, recordando que lo mismo se hizo cuando se construyó el barrio el Hornero.
