La campaña se lanzó la semana pasada en el Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular que se realizó en el Congreso de la Nación. 
Ayer por la mañana, el intendente Enrique Ponce, suscribió el documento de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. La campaña en cuestión se lanzó la semana pasada en el Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular que se realizó en el Congreso de la Nación.
“La violencia institucional requiere el compromiso del conjunto. Es la única herramienta para transformar nuestra necesidad imperiosa de tener una seguridad en base a la inclusión y en base al respeto a la ley es el control de que los aparatos de seguridad no se desboquen, que no torturen en las comisarías, que no detengan a los pibes arbitrariamente y que no suceden hechos que desnudan la falta de democratización del aparato represivo en la Argentina”, señaló Daniel Sosa, uno de los delegados por San Luis que participó en el evento que se hizo en el Congreso.
El documento de la campaña dice:
Durante los últimos once años en la Argentina hemos transitado un camino de democratización inmenso. Frente a la “deuda interna”, herencia de la última dictadura cívico militar y del neoliberalismo salvaje, hemos logrado la ampliación de derechos inusitada de esta “década ganada”, aunque ello no fue simple: ningún derecho se regala, nadie entrega sus privilegios sin reacción.
Pero aún peleamos varias batallas que debemos ganar: la lucha contra la violencia institucional, es una de ellas. Son miles las víctimas de gatillo fácil y de la violencia institucional en estos 30 años de democracia.
Estos últimos tiempos nos permitieron demostrar que los reclamos sociales se les debe responder con más política e inclusión social y no con represión ni demagogia punitiva.
Sin embargo, los medios monopólicos de comunicación y sus personeros políticos de turno insisten con que las conflictividades sociales se resuelven con mano dura. Nos han querido convencer que el asesinato de un pibe ahora se llama “linchamiento” o “justicia por mano propia” por “gente de bien” y que el problema de todo radica en el villero, en el pibe de gorrita, en el pibe chorro, el negrito, el adicto o el que ocupa un terreno.
Nosotros no nos engañamos porque tenemos en claro que estos discursos reciclados legitiman policías autogobernadas con cajas de recaudación ilegales y una Justicia que mira al costado.
Nosotros sabemos que estas recetas disfrazadas nunca cuestionan las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías (hostigamientos, detenciones arbitrarias, reclutamientos para el delito, armado de causas, torturas, desalojos violentos, represión a la protesta, fusilamientos, “gatillo fácil”) y tampoco cuestionan la selectividad penal que recae sobre nuestros jóvenes pobres, campesinos y trabajadores de nuestros barrios más humildes.
Los momentos actuales nos muestran las dificultades que la democracia y parte de la clase política todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de Justicia. Y la forma en que debe hacerlo es con el debate público, popular y abarcativo de todos los sectores involucrados.
La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de policías y abogados penalistas.
