[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l pasado miércoles, la jueza laboral N° 2, María Eugenia Bona, rechazó una acción de amparo solicitada por el diputado nacional Claudio Poggi en contra del Gobierno provincial. La misma fue solicitada por la supuesta mora que el Poder Ejecutivo ha tenido a la hora contestar “un pedido de informe respecto a la cantidad y nómina de los funcionarios públicos y/o personal superior de gabinete, contratado fuera de escala, indicando dependencia, cargo, categoría y salario bruto al 31/07/2022”.
El pedido de informe, que fue anunciado a la prensa en agosto de este año, también solicitaba información de empresas del estado, sociedades del estado, organismos descentralizados, autárquicos y fundaciones pertenecientes al Estado.
En sus fundamentos, la jueza Bona mencionó un “defecto formal grave” ya que “no indica desde cuando pretende el informe, lo que hace imposible su respuesta”. “Tampoco indica el actor cual es el perjuicio material o moral que le causa, y, en realidad, el gobernador ha contestado, en el lenguaje coloquial, pero la administración no puede considerársela incursa en el art. 18 de la Ley citada”, agrega el fallo de la jueza.
La ley en cuestión es la IV – 0090-04 (5054)- IV 0574-07, la cual establece que “quien sea parte de expediente administrativo podrá solicitar una orden de pronto despacho”. Lo que Bona señala es que “técnicamente no hay expediente administrativo”.
Ya finalizando, la jueza aduce que “el actor no ha cumplido los recaudos formales básicos para promover esta acción”. Por ende, Bona rechaza “la acción, sin entrar a analizar el fondo del planteo, por no cumplir los recaudos formales para la precedencia de la vía elegida”.
