[dropcap style=”square”]C[/dropcap]asi una semana después que se hiciera publico que empleados municipales sacaran carteles de publicidad política de Sergio Tamayo y Gastón Hissa, la Municipalidad de San Luis emitió un comunicado negando que se sacaran tales carteles “para entorpecer la campaña proselitista de los candidatos opositores”. Justificaron que los carteles fueron sacados porque “violaban la ordenanza que regula la publicidad política”.
El viernes de la semana pasada se conocieron videos en el que el personal del municipio capitalino sacaba carteles que promocionan las candidaturas de Hissa y Tamayo. Sin embargo, en uno de los videos se muestra que uno de los trabajadores saca un cartel de un candidato opositor, pero acomoda el del Enrique Picco, el candidato del oficialismo municipal.
Pasaron los días y el municipio capitalino no dio su versión al respecto hasta hoy. Emitió un largo comunicado en el que solamente en un párrafo hace referencia a la polémica de los carteles y en el resto se encarga de criticar al Gobierno provincial.
A continuación, se reproduce el comunicado de la gestión de Enrique Ponce en su totalidad:
La Municipalidad de San Luis desmiente que haya destinado cuadrillas con personal municipal para entorpecer la campaña proselitista de los candidatos opositores. Los carteles que fueron removidos violaban la ordenanza que regula la publicidad política.
A través del Diario de la República, órgano de prensa de propiedad de la familia Rodríguez Saá financiado exclusivamente con dinero público, el gobierno de la provincia tiene el descaro de acusar a la municipalidad por “malversación de fondos” sin que hasta ahora el gobernador Alberto Rodríguez Saá haya dado a conocer oficialmente la ejecución de los 434 millones de pesos destinados a la pauta oficial (más de un millón de pesos por día), que en su mayoría son acaparados por el Diario de la República y sus medios afines.
El gobierno no ha detallado tampoco el gasto del dinero destinado este año a Sol Puntano, el emprendimiento agropecuario estatal dependiente del ministro Sergio Freixes, a través del cual el oficialismo compró las chapas y colchones que el gobierno repartió en las pasadas elecciones donde Alberto Rodríguez Saá fue reelecto como gobernador.
Dado el acoso político del que es objeto, con denuncias falsas vertidas a través de los medios afines al gobierno, en el día de mañana la Municipalidad presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue la verdadera malversación de fondos perpetrada por Alberto Rodríguez Saá cuyos funcionarios se han negado a explicar ante la Legislatura el manejo presupuestario de la provincia.
Si de investigar “malversación de fondos” se trata, por ejemplo, el Contador General de la Provincia, Daniel Marone, ante la Cámara de Diputados no atinó a explicar el gasto de los 26 millones de pesos que en 2018 el gobierno provincial destinó a “Sapem Consultora” o la ejecución de los 426 millones de pesos por año que maneja la Secretaría General de la Gobernación a cargo Alberto Rodríguez Saá (h), cifra escandalosa que oculta los gastos reservados a disposición del gobernador de la provincia que son utilizados sin rendición alguna.
La secretaría a cargo de Alicia Bañuelos tiene destinados para 2020 1100 millones de pesos, pero además, como la Universidad de la Punta es un organismo “autárquico”, para el próximo año tiene asignados otros 1100 millones que los puntanos desconocen a qué finalidad son destinados, puesto que la ULP es una universidad sin alumnos ni docentes. La Ministra Bañuelos maneja de manera discrecional, ella sola, un presupuesto equivalente al de la Municipalidad de San Luis, que aglutina a más de la mitad de la población de la provincia.
Para 2020 el gobierno ha destinado 1000 millones en becas, además de los 4144 millones destinados a sostener el Plan de Inclusión, programas que agrupan a los desocupados que quedaron sin trabajo luego de la fraudulenta implementación de la radicación industrial.
La Pedrera tiene asignados para 2020 300 millones de pesos sin que el gobierno explique en qué ha gastado las sumas asignadas en años anteriores; mientras que el Ministerio de Obras Públicas a cargo del “piloto de rally” Felipe Tomasevich manejará en 2020 casi 15 mil millones de pesos.
Las sospechas sobre la ejecución presupuestaria de algunas áreas dependientes de Tomasevich incluyen el financiamiento de equipos de automovilismo a través de la malversación de fondos en Vialidad Provincial, Ente de Control de Rutas y San Luis Agua, entre otras.
Tomasevich, impulsor de la candidatura del Sergio Tamayo, está utilizando en la campaña proselitista y a la vista de todos los vehículos del Ente de Control de Rutas, algunos de los cuales han sido ploteados con la inscripción “Tamayo Intendente”. Por su parte Tamayo, actual Ministro de Turismo, quien utiliza a los beneficiarios del Plan de Inclusión como cuadrillas de pintadas y pegatinas partidarias, anoche amenazó al personal municipal con echarlos si llega a ser electo intendente.
Según el informe elaborado por Secretario de Seguridad, José Pereira, Sergio Tamayo quien al frente de una patota de 30 personas realizaban pegatinas y pintadas en calle Pedernera, entre Maipú e Yrigoyen, les dijo a los integrantes de la Patrulla Municipal y al personal de Espacios Verdes “En diciembre ustedes van a ser empleados míos y los voy a echar a todos”, furioso con el personal municipal.
