“Fue ingenuo atacante y víctima inopinada”, dice una parte del comunicado sobre el fallecido fiscal.
A continuación, reproducimos el comunicado que la Dirección y el Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis emitieron sobre el polémico fallecimiento del fiscal Alberto Nisman.
El comunicado
El Observatorio de Derechos Humanos municipal considera necesario realizar algunas reflexiones sobre los sucesos acaecidos en los últimos días en nuestro país.
La conmoción generada por la muerte del Fiscal Alberto Nisman, responsable de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA, convoca a profundizar la defensa del sistema democrático y la legitimidad de los representantes elegidos por el imperio de la soberanía popular. Este lamentable hecho – la pérdida de una vida siempre es lamentable – está siendo utilizado por sectores de poder para menoscabar a las autoridades de un gobierno legítimamente constituido.
Los interrogantes que surgen son numerosos y deberían servir para develar la complejidad que rodea los sucesos que se desataron a partir de la presentación que realizó el fiscal Nisman y que involucra a diversos funcionarios, diputados, dirigentes sociales e inclusive a la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, resulta asombroso como estos hechos sirvieron para multiplicar conjeturas, alimentar especulaciones e impulsar conspiraciones con evidentes intenciones políticas sectarias, oportunistas y electoralistas. Algunos dirigentes políticos, incluidos precandidatos presidenciales, hicieron público un texto que exige que “la Procuración General garantice el mantenimiento incólume del equipo del fiscal Nisman”. La pregunta sería sobre este reclamo: ¿incluye al técnico informático Diego Lagomarsino, última persona que aparentemente vio con vida al fiscal y a quien se le ha prohibido su salida del país? Lo responsable seria precisamente lo contrario, habría que analizar profundamente la composición y las acciones de ese equipo, por cierto bastante numeroso.
Otro de los puntos de la solicitud, expresa que: “la Corte Suprema proteja las pruebas recogidas por el fiscal Nisman”. El interrogante que se abre es ¿por qué hay una preocupación en ese sentido, si el propio fiscal esparció las grabaciones entre varios periodistas, la mayoría de ellos pertenecientes al multimedio opositor al gobierno nacional? Es un tema demasiado grave para afirmar un pronunciamiento con estos conceptos, se debería meditar un poco más para no emitir opiniones irresponsables e inconsistentes.
Inclusive, referentes políticos provinciales han expresado opiniones y documentos públicos que traslucen, al menos desconocimiento. En el diario de mayor tirada de nuestra provincia, su editorialista y dueño innegable de este medio gráfico, califica de “magnicidio” a la muerte del fiscal Nisman e intenta explicar lo nocivo que es para la democracia, la impunidad. Por un lado, debería el editorialista entender mejor el significado del concepto de magnicidio, pero fundamentalmente revisar todos los casos que en esta provincia, bajo gobiernos de su signo político jamás fueron investigados y mucho menos esclarecidos. Asimismo, dirigente políticos se han pronunciado en conferencia de prensa o en documentos públicos, la “necesidad de llevar adelante la investigación de la denuncia del fiscal Nisman”. Sorprende que no se analice desde el punto de vista jurídico lo que importantes referentes nacionales, como Raúl Zaffaroni y Julio Mayer, sostienen en referencia a la presentación: aunque Nisman probara lo que figura en la denuncia, esos hechos ni siquiera configuran un delito.
La responsabilidad de la dirigencia política argentina, en lugar de hacer un aprovechamiento oscuro e irresponsable para aparecer coincidiendo
con las tapas de los grandes diarios, debería reconocer que ha sido precisamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde los diferentes cargos electos, quien más ha trabajado por el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Lo esperable de la dirigencia es que, con actitudes serenas y prudentes, mancomunen esfuerzos para el fortalecimiento del sistema democrático y sus representantes genuinos.
Asimismo, hace mucho tiempo que la SI, entre otros tantos dislates, es la sucursal criolla de la CIA y de la DEA norteamericanas. Y su condición de órgano local de la primera de esas agencias y de la Mossad israelí hizo que se convirtiera desde los noventa en el principal órgano investigativo encargado de “desviar” la pesquisa sobre las responsabilidades del atentado contra la AMIA, a los efectos de impedir el conocimiento de la “conexión local” –que
En disfavor de la tesis del suicidio figura el hecho de que Nisman podría haber confrontado tranquilamente sus papeles tan trabajosos con sus críticos gubernamentales, que sin duda exhibirían otros documentos, respecto de que no había concesiones de libre circulación de personas en cuanto a los sospechosos iraníes, ni esquemas comerciales que pasarían por encima del “contrato social argentino” por excelencia, el acuerdo sobre la primacía de los derechos humanos. Un suicidio siempre es absurdo y siempre tiene una última razón desconocida. Este último tramo misterioso de la conciencia del suicida, es decir, el suicida despojado que no deja evidencias anteriores o posteriores (que la tradición romántica, la de Werther, o la sociológica, de Durkheim, nunca ven como tal, pues tratan sobre suicidas que poseen razones claras en sí mismas), y que tiene en el dramático caso del fiscal Nisman un componente político tan condensado y de tan gravísimo tenor, que salvo pruebas periciales muy contundentes podría seguir dando pie a la discusión crucial en torno al suicidio o al asesinato, incluido el tan abarcador concepto de suicidio inducido que, sin estar en ninguna legislación, apunta hacia el máximo grado de la conmoción pública y a una sociedad presa de poderes subterráneos. Pero, ¿quién podría querer cualquiera de esas cosas, asesinato, suicidio inducido? El autor oculto, en su maniobra perversa, parecería triunfar en llevar las culpas hacia un lado de la incisión nacional ya creada por ostensibles autorías.
La culpa sería, por burda, primitivista: se agotaría la vida política y social del país. Si en lugar de estar ante un asesinado estuviéramos ante un suicida, éste, en su misterio rotundo, también encarnaría allí el turbio destino de una sociedad y la responsabilidad de quién quiera que sea: todo el debate sobre lo ocurrido en un piso de Puerto Madero se devolvería a la política real que se hace en un país, de tal modo que nos veríamos envueltos en una atmósfera de irreflexión muy penosa, y la vida pública, social, intelectual y cultural se desharía apenas intentemos, a lo mínimo, comenzar a conversar sobre ella.
Por eso es tan necesario seguir discutiendo las peripecias trágicas que rodean la actividad y el via crucis del fiscal Nisman –con el severo respeto que requiere el tema, pues fue ingenuo atacante y víctima inopinada–, sin abandonar los indicios periciales (hasta ahora inciertos), ni dejar de examinar las lógicas que sostienen sus escritos escasamente fundados (lógicas cerradas, regidas, lamentablemente, por conjeturas conspirativas propias del idioma profesional del método hipotético deductivo de los servicios), ni dejar de considerar que para todos el lamento que el episodio produce, debe revertir en un aireamiento de las instituciones estatales. Una renovación de los estilos políticos, una explícita caución y recaudos parlamentarios sobre los Servicios de Inteligencia, y cuanto menos un impedimento categórico para sus tecnologías embozadas de cálculo y construcción de bases de datos con rutinas de ilegalidad. Y, además, una advertencia para nosotros mismos de que la política de una nación soberana posee necesariamente
orientaciones geopolíticas (creemos que Nisman se equivocaba al verlas tan linealmente), pero no se deben situar por encima de las permanencias culturales de sus definiciones humanísticas más avanzadas. En vez de la oscura maestría que parece haberse adquirido ahora en las tapas de los grandes diarios para los infusos veredictos criminológicos, a propósito de este entristecedor deceso del fiscal se podría tomar una actitud serena sobre nuevos pactos entre democracia vital, sensatez argumental y crítica a todos los aspectos de la demasía de la sangre que hoy acosa a la política mundial.
“Acusar a la Presidenta y al canciller, incluso por decisiones políticas o por un memorándum votado en el Congreso, requiere de mucho espaldarazo jurídico, de explicaciones técnicas que respalden la denuncia. El texto fue desbaratado por enormes referentes de la Justicia argentina, como Raúl Zaffaroni y Julio Mayer, quienes coincidieron en sostener que aunque Nisman probara lo que figura en la denuncia, esos hechos ni siquiera configuran un delito. Ante ese vendaval previsible, el fiscal no recurre ni a una sola jurisprudencia. Es muy extraño y no figura en el ADN de ningún abogado.
