[dropcap style=”circle”]L[/dropcap]a Corte Suprema de Justicia emitió este jueves dos fallos en el que le requirió al Gobierno puntano que en el plazo de tres días informe los protocolos de ingreso que rigen en la provincia de San Luis. Los pedidos se enmarcan en dos causas que tramitan en el máximo tribunal. Una es el expediente iniciado por una mujer que quiere ver a su hija que reside en Santa Rosa del Conlara y la otra causa es la que inició Sociedad Rural de Río Cuarto.
“Requerir a la Provincia de San Luis que informe al Tribunal en el plazo de tres días cuáles son las medidas -de cualquier índole- y protocolos de ingreso a su jurisdicción territorial, adoptados por cualquier autoridad provincial, que rigen en la actualidad, particularmente en lo que concierne a la señora María Sol Borge, domiciliada en la Provincia de Buenos Aires, quien requiere trasladarse a la localidad de Santa Rosa del Conlara, junto a su pareja, Diego Fabián Santoalla, para visitar a su hija menor de edad y, en su caso, cuáles serían las razones que podrían justificar que se les impida el ingreso a esos efectos al territorio provincial”, dice parte del fallo de la causa iniciada por la mujer.
Borge alega que no ve a su hija desde enero y “afirma que la provincia demandada, por medio de una reglamentación, le niega la posibilidad de ingresar transitoriamente a su territorio y ver a su hija, y que si bien tiene facultades para ejercer el poder de policía dentro de su jurisdicción, no por ello puede avasallar sus derechos constitucionales y los de la niña, que desea ver a su madre. Aclara que nunca presentó objeciones a los requisitos exigidos por la provincia para ingresar, ni discute sus facultades para tomar las medidas de seguridad que estime pertinentes, pero sí cuestiona la arbitrariedad con la que actuó en su caso, dado que le negó el ingreso solo porque iba a tener contacto con una residente local como es su hija”, dice el fallo.
La causa cordobesa
La Sociedad Rural de Río Cuarto junto con a Asociación Fomento Rural Pueblo Torres de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero N° 158 de Achiras interpusieron acción de amparo contra el Gobierno provincial porque consideran que se lesionaron “con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar libremente el culto, de cientos de ciudadanos Y productores de las instituciones que representan” con el protocolo de ingreso que se aplica.
