[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ste fin de semana se conoció una sentencia de la jueza Laboral N° 2, María Eugenia Bona, quien ordenó al Poder Ejecutivo Municipal que “se haga entrega a los actores de copia certificada del convenio marco vigente, firmado entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, y el Gobierno de la Provincia, en marzo de 2021, art. 21 Constitución Provincial, Ordenanza 0906-19-3601/19, art. 43 y conc. C.N., Ley V 0924-15, Convenio Interamericano de Derechos Humanos, conforme art. 75 inc. 22 C.N y normas complementarias, T IV- 0090-04- TV-0574-07”.
El convenio, a modo de resumen, establece que los municipios le entreguen al Gobierno los fondos coparticipables correspondientes al juicio ganado a Nación. Por su parte, el Gobierno le devuelve el doble en obra pública. Por ejemplo, si al municipio le corresponden $5, se los da al Gobierno, el cual les devuelve $10 en obras. Cabe señalar que este mismo convenio fue firmado por municipios como El Trapiche y La Punta, cuyos intendentes pertenecen a la UCR y Avanzar, respectivamente.
Si bien el convenio fue publicado oportunamente en el Boletín Oficial, los concejales de Unidos por San Luis pidieron una copia del mismo. El pasado 6 de octubre, según señalan los fundamentos de la sentencia, a los concejales les contestaron “que se ha dado la publicidad por los medios pertinentes, pero sin informar el sitio donde figura tal información”. Ante este panorama, los concejales opositores recurrieron a la Justicia, la cual terminó ordenando que la Municipalidad entregue una copia certificada del convenio en cuestión.
Por el lado del oficialismo municipal, el concejal Gastón Témoli, del Frente Justicialista de Todos, fue quien se expresó políticamente sobre la sentencia. “Al convenio ya lo tienen, ya lo tenían y lo tienen desde el primer momento. Porque el convenio, en todas sus partes, fue publicado en el Boletín Oficial hace ya más de un año. Entonces si fue publicado en el Boletín Oficial, se presume conocido por todos, esa es la función propia del Boletín Oficial. Así como cuando una ley se publica en el Boletín Oficial se presume conocida por todos, cuando un convenio se publica en el Boletín Oficial, se presume conocido por todos. Si el convenio es conocido por todos a partir de su publicación en el Boletín Oficial, no existe el derecho del acceso a la información que ya se conoce”, manifestó Témoli. “Están pidiendo algo que ya tienen, entonces no hay ningún conculcado”, añadió.
“Están buscando en una barandilla judicial lo que no pueden conseguir con la discusión en el seno del Concejo Deliberante. Reclaman un convenio que ya tienen, pero el ámbito propio para reclamarlo es el ámbito del Concejo Deliberante, ahí tienen que dar la discusión”, continuó el concejal oficialista, quien sostuvo que, con este tipo de acciones, la oposición “busca esmerilar al Gobierno y poner palos en la rueda, que es lo que vienen haciendo desde hace años”. “Entienden que, mientras peor le va al Gobierno de la ciudad, mejor les puede ir a sus chances electorales”, agregó.
Témoli señaló además que, en caso de ejecutarse esta sentencia, la oposición no recibirá nada más allá de lo que ya fue publicado en el Boletín Oficial, salvo por el hecho de que será una copia certificada.
La Gaceta Digital corroboró que la sentencia ya fue apelada por la Municipalidad. En este sentido, consultamos al concejal cuál es el propósito de esta apelación, que alargará un proceso judicial que podría concluir con la entrega de la copia certificada. “Me parece que si no apelás, dejás un antecedente que es la judicialización de la política. Si no apelás, consentís la sentencia y estás diciéndole a la jueza ‘usted tiene razón’. Y de verdad creemos que esta medida no corresponde. Si está publicado en el boletín oficial se cumple con el deber de publicidad de los actos de Gobierno”, concluyó Témoli.
