Este proceso ya ha sido considerado como una vulneración de “los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y que el derecho internacional de los derechos humanos requiere en la materia”, según lo manifestó el Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para Gallo, todo empezó en 1996, con el afán de Rodríguez Saá de seguir teniendo reelecciones infinitas. “Diseñó un proyecto para someter al sistema judicial, eliminando cualquier vestigio de independencia. Esto lo hizo con el Poder Legislativo, que era totalmente conformado por mayoría del oficialismo y con la connivencia, por acción y omisión, de la fiscal de Estado, la actual senadora Liliana Negre de Alonso. Hubo un vaciamiento institucional”, relató la ex jueza.
En medio de todo esto, remarcó Gallo, jugó un papel primordial la reducción de los salarios públicos “para que, sobre todo la gente humilde, no pueda acceder a la Justicia y demandar al Estado”.
Luego, Rodríguez Saá presentó en la Legislatura sanluiseña 17 leyes, las cuales fueron “aprobadas de forma sistemática” por el oficialismo provincial. Estas leyes, en su mayoría retroactivas, incluían la prohibición de medidas cautelares contra el Estado, la inembargabilidad de sus bienes y la primera “emergencia económica falsa cuando San Luis tenía un superávit de 58 millones”.
“Esto culminó con la autonomía económica del Poder Judicial, pero sin partidas, o sea que asfixió al Poder Judicial”, dijo la ex jueza, recordando que luego se nombró a Carlos Sergnese, la eterna mano derecha de los hermanos Rodríguez Saá, como presidente del Superior Tribunal con reelección indefinida, presidente del Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento.
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Todas estas leyes fueron duramente cuestionadas por magistrados del Poder Judicial y del Colegio de Abogados. Este último, encabezado por Miguel García, elaboró un documento crítico el cual fue elevado al Gobierno Nacional, solicitando una intervención federal en la provincia.
“No adherimos a los considerandos porque estaban sometiendo al Poder Judicial. Y por supuesto vinieron las represalias. A los colegios los disolvieron y crearon asociaciones de abogados. ¿Quién fue el primer presidente de la Asociación de Abogados de Villa Mercedes – San Luis? El esposo de Liliana Negre de Alonso, Mario Alonso”, recordó Gallo. “El Superior Tribunal, conformado por Rodríguez Saá y un séquito de ministros que habían sido de Rodríguez Saá, no había ningún profesional de carrera, calificó nuestra firma como un acto de subversión”, agregó.
La persecución a quienes firmaron esa nota continuó. “Dejaron cesantes de un plumazo a 12 secretarias, dos de las cuales habían firmado esa nota”, dijo Gallo, destacando además que se nombró a nuevo Jurado de Enjuiciamiento, integrado a pleno por el oficialismo. “Con eso ya teníamos un Jurado de Enjuiciamiento y un Consejo de la Magistratura conformado en contra de lo que dice la Constitución”, remarcó la ex jueza.
El final para Gallo, Careaga y Maluf llegó luego de que Negre de Alonso las intimara a ratificar o rectificar la nota de adhesión al pedido de intervención. La intimación fue contestada por cada jueza por separado, negándose a someterse a lo solicitado por la fiscal Estado.
Esta situación de suma irregularidad continuó hasta 2004, donde un segundo pedido de intervención, esta vez hecho por un grupo de senadores nacionales, llegó al Congreso Nacional, presidido en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los hechos que motivó este segundo pedido fue una cámara oculta que descubrió que a los nuevos magistrados de la provincia se los obligaba a presentar, cuando asumían, una carta de renuncia con la fecha en blanco.
Si bien no hubo intervención, ante el escándalo nacional se produjo la renuncia por completo el Superior Tribunal de Justicia, se le devuelve la personería jurídica al Colegio de Abogados y
se conforma el Jurado de Enjuiciamiento como dice la Constitución.
Por su parte, las ex juezas siguieron adelante con su planteo legal, llegando inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En 2012 un informe de fondo de la comisión hizo una serie de reclamos al Estado Nacional y se establecieron determinadas pautas, con el cual se llegó a un acuerdo que fue homologado por la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, relató Gallo.
Una de estas pautas fue la publicación, en El Diario de la República, de una nota en la que se les pidió perdón públicamente a las ex juezas por su ilegal destitución. Esta fue la nota publicada a fines de diciembre:
JUSTICIA – CASO N° 12632
“Pedido de disculpas a las Dras Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf de Cristin, en cumplimiento de las medidas de reparación no pecuniarias adoptadas en el ACUERDO SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL INFORME 72/12 ADOPTADO EN CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO N° 12.632 (ADRIANA GALLO, ANA MARIA CAREAGA Y SILVIA MALUF DE CHRISTIN)”.
“En función del reconocimiento de responsabilidad internacional formulado en el caso, el Estado argentino considera oportuno presentar sus más sinceras disculpas a Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Susana Maluf de Christin, por los hechos sufridos a raíz del proceso tramitado en la provincia de San Luis que derivó en sus destituciones como juezas en la citada provincia, que tuvieron lugar, respectivamente, el 6 de Noviembre de 1998, el 17 de diciembre de 1998 y el 1° de Noviembre de 2002 y que fue conducido de un modo contrario a los estándares nacionales e internacionales exigibles en la materia”.
“En ese sentido y conforme a la evaluación de las circunstancias que rodearon al caso expuesto por las peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del cual los órganos competentes del Estado nacional han hecho oportuno mérito, en el proceso de destitución contra Ana María Careaga, Adriana Beatriz gallo y Silvia Susana Maluf de Christin así como en el marco del proceso judicial llevado adelante en la provincia de San Luis, se han vulnerado los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y que el derecho internacional de los derechos humanos requiere en la materia, razón por la cual se dispone la presente disculpa como parte del compromiso que asume el estado nacional”.
Presidencia de la Nación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
