La principal polémica se desató en la Oficina de Secuestros Policiales, la cual fue intervenida “en virtud de diversos inconvenientes y desacuerdos que han trascendido el ámbito interno de la mencionada Oficina, que repercuten negativamente en el normal desarrollo de las tareas de la misma, se hace necesario proceder a una revisión integral de la organización y funcionamiento institucional”.
A raíz de esto, fueron removidos Marcela Beatriz Furnari y Gonzalo Germán Flores, quienes se desempañaban como directora y encargado, respectivamente, de la Oficina de Secuestros; siendo reemplazados, según el orden de mérito del acuerdo N° 638 de 2013, por Ana Mariángeles Giménez Lanza y Vanina Elizabeth Ruocco.
Si bien estas designaciones se ajustan a la norma, lo insólito es que Furnari y Flores, que claramente hicieron un muy mal trabajo en la ya mencionada oficina, fueron nombrados secretarios de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción en los Penal N° 1 y del Laboral N° 1, respectivamente, a pesar de que en la última oportunidad que se llamó a concurso para cubrir cargos de secretarios, ninguno de los dos aprobó o rindió el examen, según consta en el acuerdo N° 729 de 2011.
Previo a este “castigo”, Furnari había sido directamente contratada como directora de la Oficina de Secuestros, cargo para el cual luego rindió. Por el lado de Flores, cuando se lo designó en Secuestros, se le había dado el cargo de pro secretario, por lo que, básicamente, al otorgársele este nuevo puesto como secretario del Juzgado Laboral N° 1 se le otorgó un inmerecido ascenso.
La polémica continúa por el lado de la Defensoría de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial, cuyo titular era Víctor Manuel Endeiza, el actual secretario General, Legal y Técnica del Gobierno provincial. A raíz de esto, Endeiza debió ser reemplazado por Francisco Javier Vallejos, quien oportunamente habría sido “calificado como recomendable por el Consejo de la Magistratura para el cargo de Defensor de Cámara”, y hasta hace poco se desempeñaba como secretario de la Cámara Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción.
El problema es que para decidir el reemplazo de Vallejos no hay vigente ninguna orden de mérito, por lo que el STJ ha optado, en su afán de evitar “un desgaste de recursos innecesarios que generaría un nuevo llamado a concurso”, designar a Griselda Noemí Murcia, actual secretaria de Primera Instancia del Juzgado de Familia y Menores Nº 2, en base a un examen rendido en 2009.
A consecuencia, la reemplazante de Murcia, nuevamente al no haber orden de mérito vigente, fue designada en base a una de octubre de 2011. De este modo, Laura Belén Molino, quien en la orden de mérito de 2011 figura en el puesto 26 de 38 con un puntaje de 60/100, fue nombrada secretaria interina del Juzgado de Familia y Menores Nº 2, suscitando numerosos cuestionamientos por parte de quienes la precedían en la respectiva lista.
Obviamente, esto genera un sinfín de rumores que hablan de magistrados, a lo largo y ancho del Poder Judicial, colocados a dedo. Rumores y polémicas que fácilmente podrían transparentarse si el Superior Tribunal de Justicia no considerara llamar a concurso un “desgaste de recursos innecesarios”.
