[dropcap style=”square”]E[/dropcap]l día de ayer, comenzaron a circular rumores que apuntaban a que la actual jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, había sido denunciada por sus vecinos por realizar una reunión con varias personas en su casa, con música alta incluida, y que la Policía se hizo presente en el lugar, pero no se llevó a nadie detenido. Distintos colegas preguntaron por los rumores en el grupo de Prensa Institucional del Gobierno puntano, pero no hubo respuesta alguna, más allá de que Ramírez sigue ocupando su cargo. El día de hoy, este medio pudo confirmar que los rumores eran ciertos.
Según consta en el acta policial a la que tuvo acceso La Gaceta, el hecho ocurrió el miércoles 6 de mayo, en el barrio Las Praderas de Juana Koslay, a las 22 horas, pero fue a las 20.30 aproximadamente que se registró la llamada denunciando la reunión. Al llegar al barrio privado de donde provino la denuncia, la Policía constató que había “siete automóviles estacionados” frente a un “complejo habitacional de 10 habitaciones tipo dúplex”. Primero, los oficiales golpearon la puerta de una vivienda equivocada, donde la persona que atendió “manifestó su deseo de no involucrarse en cuestión alguna por temor a represalias”. La segunda puerta que golpearon fue la de Ramírez.
Cuando la funcionaria abrió la puerta, dijo vivir ahí y que no tenía a mano su DNI. Consultada por todos los automóviles que estaban estacionados frente a su casa, Ramírez, de acuerdo al acta policial, “sostuvo que en el lugar se encontraban compañeros de trabajo, reunidos en una importante tarea laboral, referída a cuestiones de logística y otras actividades, en lo que a distintas donaciones realizadas al Gobierno de San Luis refiere, todo ello en relación a elementos de higiene y prevención concerniente a la actual pandemia”.
Ramírez además argumentó que estaba realizando la reunión en su vivienda personal porque su lugar de trabajo, ubicado en el complejo Ave Fénix, “carece de calefacción y dadas las bajas temperaturas de la tarde, debieron trasladarse hasta su domicilio, con la finalidad de continuar con dichas tareas”.
Acto seguido, la policía pidió que salgan del domicilio los dueños de los vehículos que estaban estacionados afuera. Allí fueron identificados Juan Agustín Alessio (30), Juan Carlos Cerizola (61), Miguel Alexander Sánchez (37) y Enzo Josué Moyano (30). Estas 4 personas son empleados de la Secretaría General de la Gobernación de San Luis y cada uno, al igual que Ramírez, señaló cuál era su automóvil. De ese modo quedaron identificados 5 de los 7 vehículos.
Los dos restantes pertenecían, manifestó la jefa del Programa Deportes, a Hilario Barbeito Lafourcade y a Bruno Andermar y Vanina Britos, quienes en ese momento se “encontraban afectados a la distribución de las donaciones de antes mención, a bordo de vehículos pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente”, razón por la cual habían dejado en lo de Ramírez sus vehículos.
Todo esto fue notificado al juez de turno, Marcelo Bustamante Marone, quien ordenó “consignar el lugar, determinando la identidad de estas personas y constatar” que las personas en efecto pertenecieran al Gobierno y que allí “se celebraba una reunión con carácter laboral”. Además, el juez ordenó que una vez que se constatara todo esto, se le solicite a las personas que “se retiren del domicilio en cuestión todas las personas ajenas al mismo, con la premisa de que toda actividad laboral debe realizarse en su lugar de trabajo y no en un domicilio particular”, ya que esto va en contra del artículo 205 del Código Penal.
El acta policial también señala que fue el jefe de la Comisaría N° 34, Ricardo Sosa, quien “logra determinar” que las personas trabajaban para el Gobierno y que estarían realizando las tareas “de antes mención en lo que organización y distribución de donativos se refiere”.
La actuación policial también señala que fueron puestos en conocimiento de este hecho el Ministerio de Seguridad de la Provincia y también el jefe de Policía, Darío Neyra, y el jefe de la Unidad Regional N° 1, Hernán Soloa.
Por último, el acta policial consigna que el juez ordenó que se labren actuaciones sumariales caratuladas “averiguación infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación Argentina”; y que las mismas sean elevadas para la “prosecución del proceso correspondiente”.
