[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]ste mediodía, la licenciada María del Carmen Urdampilleta, que se desempeña como psicóloga de la Policía, fue absuelta, por el beneficio de la duda, por la causa en la que se encontraba acusada de solicitar y cobrar órdenes de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), usufructuando la institución policial en beneficio propio como si estuviese en el ámbito privado.
Durante los alegatos de esta mañana, tanto el fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez, como la abogada del Estado Provincial, Velia Guil; y el defensor oficial, Esteban Salas, coincidieron en señalar una deficiente investigación en primera instancia. Cabe señalar que la causa se inició luego de una denuncia que Alberto Rodríguez Saá hizo en su programa radial en 2011, cuando no era gobernador.
“Sin duda, estamos ante un acto de corruptela, no tengo ninguna duda. De ahí a que quede atrapado en el marco de nuestro catálogo represivo, me parece que es bastante más finito. Seguramente este acto puede ser reprochado desde la moral, puede ser reprochado desde la ética, pero por las pruebas que han incorporado a la causa, con esta raquítica investigación e instrucción judicial que se hizo, a mi criterio no alcanza para acreditar la infracción a la norma”, dijo el fiscal Rodríguez, quien agregó que “se ha perdido una oportunidad hermosa” de desenmascarar “una organización detrás de todo esto”.
Si bien el fiscal de Instrucción, o sea de primera instancia, había pedido una condena de un año de prisión y la inhabilitación perpetua, Rodríguez opinó que “puede haber un reproche moral, pero en términos del derecho penal, no hay ningún reproche o no se encuentra acreditado con la certeza que esta etapa procesal”.
Rodríguez mencionó además un caso similar, donde la imputada fue absuelta, sin siquiera llegar a la instancia de juicio oral.
Por su parte, Velia Guil, actuando en representación del Estado Provincial, también apuntó que “se podría haber realizado una investigación más intensa”, pero sostuvo “que el reproche, la acción y la pena, sí corresponden en este caso”.
Guil señaló además que hay un total de 171 órdenes de Dosep “que se han solicitado dentro de esta señora que estaba como funcionaria”. “Creo que el móvil está perfectamente probado, que es el enriquecimiento espurio, utilizando para si mismo la categoría que le daba pertenecer al escalafón personal de la administración”, agregó la abogada, quien, a la hora de pedir una condena, dejó a criterio de los jueces de cámara la inhabilitación perpetua, ya que “el título ayuda a su desarrollo económico”.
Finalmente, el defensor oficial, Esteban Salas, manifestó que “estamos ante conductas atípicas a la luz de la norma”, pero “la conducta achacada a la defendida no se constituyen como delito en los términos del artículo 265, esto es negociación incompatible con la función pública”.
“Estas 171 personas pueden haber requerido la orden para una consulta particular, cuestión para la que estaba habilitada la psicóloga; para continuar un tratamiento, para que se le recete algún tipo de medicamento, o para algún psicofísico”, dijo Salas. “De estos 171 casos, dada la raquítica investigación, en ninguno de los casos podemos determinar cuál de estos 171 se trata de personas que pidieron la consulta a los fines de un certificado psicofísico o analítico”, agregó el defensor.
“No es que no podía recibir órdenes, porque sí podía, no es que no podía expedir certificados psicológicos, porque sí podía, sino que es el lugar donde realizó la operación. Un tipo penal nunca jamás se puede configurar por el lugar. Si estas órdenes las hubiese recibido en la vereda de en frente, ¿no estaba cometiendo un delito? ¿Y si lo hace adentro (de la Jefatura) si estaba cometiendo un delito?”, continuó Salas, quien además señaló que no hay una “doble faceta” de Urdampilleta, ya que ella no decidía si la persona a la que le emitía el certificado psicofísico era ascendida o no.
Otra cuestión que destacó es que la psicóloga fue sancionada administrativamente por solicitar estas mientras se desempeñaba en la Jefatura Central, por lo que no corresponde una sanción penal.
“Si a mi, en algún momento, alguien me hubiese dicho que eso estaba mal, como tantas veces me lo han dicho, nunca hubiese hecho yo una conducta de esa manera. Por eso pido disculpas si he ocasionado un daño a alguien a alguna institución”, dijo la psicóloga cuando se le cedió la palabra.
Dos horas después, se leyó el veredicto, absolviendo a Urdampilleta por el beneficio de la duda.
