La primera audiencia será el jueves 9 de febrero, y consistirá en la producción de prueba para el juicio iniciado por San Luis en contra del decreto 660 del Estado Nacional, el cual permite a varias provincias del país saldar sus deudas con la Nación utilizando fondos ATN (Aportes del Tesoro Nacional) no distribuidos. “Estos fondos pertenecen a todas las provincias. En el caso de San Luis, lo que se estaría distribuyendo, de acuerdo al porcentaje de coparticipación, son cerca de $230 millones. Lo que estamos pidiendo, al no tener deudas con el Estado Nacional, es que correspondería que a San Luis se le otorgue ese porcentaje de coparticipación sobre este fondo”, explicó Allende. Cabe recordar que la provincia de Santa Fe, que tampoco tiene deudas con la Nación, también radicó una demanda similar.
El 15 de febrero se celebrará la segunda audiencia, la consistirá en la producción de prueba en el juicio iniciado, nuevamente contra la Nación, “por la discriminación de la provincia de San Luis en los presupuestos nacionales desde el año 2003 hasta el 2009”. Según relató el fiscal, la causa tiene como base un estudio realizado por el actual gobernador, Claudio Poggi, cuando era diputado nacional, allá por 2009. Poggi sacó el “promedio de giros anuales” que reciben otras provincias con menos de 500 mil habitantes y llegó a la conclusión que, “en esos años, San Luis habría recibido casi 1.200 millones de pesos menos”.
“Este es un juicio muy novedoso en cuanto al tratamiento, la jurisprudencia y la doctrina que hay en San Luis. No hay ningún de discriminación de un estado contra el Estado Nacional”, comentó el fiscal Allende, quien luego agregó que solo hay antecedentes a nivel internacional.
La última audiencia será el miércoles 22 y también será producir pruebas en un juicio contra la Nación. En esta ocasión se trata de una demanda por la “inconstitucionalidad del sistema de créditos y débitos bancarios”. “Este es un impuesto que fue creado por decreto y no se coparticipa”, acotó Allende.
En cuanto al Corredor Vial Central, el fiscal comentó que este jueves, 2 de febrero, la Provincia pondrá en conocimiento de la Corte una presentación realizada por la Municipalidad de San Luis, el pasado 30 de diciembre, denunciando “un supuesto incumplimiento de la empresa constructora a partir de una lluvia que hubo por esa fecha y una persona muerta que apareció en la obra”. Los hechos a los que se refiere Allende son la rotura de caños de gas y cloacas que se produjo luego del desborde del canal colector del Corredor, y la aparición del cadáver descuartizado de Oscar “Cachito” Díaz.
A raíz de estos hechos, la Municipalidad hizo una denuncia ante el Gobierno de la provincia, el cual, a través del Ministerio de Obra Pública, le requirió a la empresa que hiciera un informe sobre lo sucedido. Inmediatamente, la empresa respondió que “no era cierto lo que se estaba diciendo, sino que, además, los trabajos que supuestamente había hecho la Municipalidad para paliar esos defectos entorpecieron el avance de la obra”, comentó Allende.
Finalmente, el Gobierno le pedirá a la Corte el levantamiento de la medida cautelar que prohíbe la continuidad de las obras de construcción. Esta solicitud está basada en la cesión que hizo la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias ), a la Municipalidad de San Luis, del predio de 18 hectáreas colindante a la ex Estación de Trenes para destinarlo a fines urbanísticos y culturales. “Básicamente es todo el cuadro de estación. Con esto, nosotros decimos que se está reconociendo, implícitamente, que el tren nunca más va a volver a pasar por el centro de San Luis”, concluyó el fiscal.
