Dijo el secretario adjunto del SIEP, refiriéndose al fallo que estableció que un beneficiario del Plan tenía una “relación laboral” con el Estado.
Como bien ya ha informado este medio, ha quedado firme un fallo del Superior Tribunal de Justicia el cual establece que, un beneficiario del Plan de Inclusión Social despedido en 2008, tenía una “relación laboral con el Gobierno provincial.
A raíz de esto, el Estado le tendrá que pagar a esta persona una indemnización “en el marco del Estatuto del Empleado Público”, lo que significa “que le está dando la misma atribución que un empleado en planta permanente”, según explicó Rubén Nemzoff, secretario adjunto del Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP). “Y le tienen que entregar la certificación de servicios y para eso van a tener que hacer los aportes jubilatorios de todos los años que estuvo en el Plan. Esta es una certificación que se tiene que hacer con la AFIP”, añadió.
“El fallo recién se termina de dar a conocer ahora porque el Gobierno podía apelar a la Suprema Corte de la Nación. A rechazarse esta posibilidad de que el Gobierno fuera a la Corte de la Nación, ya ha quedado totalmente firme el fallo”, dijo el gremialista, señalando que este fallo seguramente se convertirá en el “caso testigo” de cualquier juicio similar que de ahora en más se inicie.
“El fallo que, en sus considerandos, especialmente plantea que el Estado tiene todo el derecho y las atribuciones de generar planes asistenciales. Lo que no puede hacer es, bajo un plan social, encubrir una relación laboral”, dijo Nemzoff, refiriéndose principalmente a aquellos beneficiarios del Plan que muchas veces cumplen las mismas funciones que un empleado de planta permanente de la Administración Pública, como es el caso de algunos camilleros del Hospital y administrativos en distintos sectores del Gobierno.
Ante esta situación, el SIEP plantea que “hay que discutir políticamente este tema” con “todos los sectores que tienen que resolverlo”. “Hay que resolver esto políticamente para evitarle los juicios al Estado. Sino, el Estado va a terminar pagando un montón de gastos mucho mayores de costas judiciales, en vez de beneficiar a los trabajadores”, concluyó Nemzoff.