La posición lleva acéfala más de 7 años. Nota de opinión del profesor Luis “Tochi” Moreno.
A pocos días del inicio de un nuevo período legislativo en nuestra provincia, me dirijo a Ud. como ciudadano interesado en que de una buena vez tengan plena y real vigencia las instituciones de nuestra democracia republicana; en relación a la existencia y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. (Constitución Provincial en Capítulo XXIII – Artículo 235 y Ley VI-0167-2004.)
No obstante la seguridad que tengo en cuanto al conocimiento que Ud. tiene de nuestra Constitución y por lo tanto de la existencia y alcances de esta novedosa institución incorporada a nuestra Constitución en la última reforma, me permito recordar algunas cuestiones de larga data:
1) Desde noviembre de 2004 en que renunció al cargo de Defensor del Pueblo Dr. Sopeña, que no se ha designado como corresponde su sucesor.
2) Durante unos cuantos años y aunque resulte muy difícil de entender tuvimos un Defensor del Pueblo de facto, ya que el Dr. Toranzo actuó así sin haber sido autorizado a tan largo interinato por quien corresponde, es decir la Asamblea Legislativa.
3) Son ya más de siete años en los que esta no designación del Defensor del Pueblo no sólo deja a nuestro pueblo sin la institución que lo protege de las errores u omisiones del Gobierno, sino que, y esto lo más grave, nos muestra la flagrante actitud de los responsables de esta designación por violar la Constitución y la ley.
4) Duele en los sentimientos democráticos que durante tanto tiempo tantos hayan dejado de cumplir con sus obligaciones, las que por otra parte son remuneradas con los muy elevados sueldos que ellos mismos se otorgan.
5) Por muchas formas he reclamado que senadores y diputados provinciales cumplan la Constitución. También a quienes han sido Vice Gobernadores en el período 2004 – 2011. También he acudido a la justicia, estando el Expte. 50159/7 a la espera de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de la Primera Circunscripción.
6) Si bien es cierto que el trámite de designación se inicia con la propuesta efectuada por senadores y diputados, lo que los pone a ellos como los primeros y más importantes responsables del delito de incumplimiento de nuestra Constitución; los Vice Gobernadores también tienen responsabilidad, porque son quienes convocan y presiden la Asamblea Legislativa.
7) Los Vice Gobernadores, incluido Ud. Ing. Jorge Díaz, han jurado su cargo según la fórmula precisada en el Artículo 154 de nuestra Constitución que dice así:
“Yo N.N juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación y de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se me inviste. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”.
8) Insisto Sr. Vice Gobernador, Ud. juró “…cumplir y hacer cumplir…”. Por lo tanto si los legisladores provinciales persisten en su actitud de no cumplir con sus obligaciones constitucionales, Ud. deberá exigírselo con toda la autoridad que le es propia y con toda la responsabilidad que le cabe en cuanto a asegurarnos a todos el vivir respetando nuestras instituciones y alejándonos de esta situación “de facto” impropia de una democracia.
9) Tengo, como muchos, la seguridad de que esta designación no se ha hecho en virtud a la decisión del anterior Gobernador Dr. Alberto José Rodríguez Sáa, también jefe de la estructura político partidaria gobernante aún hoy. Y así ocurrió como una de las tantas
manifestaciones de un gobernante al que poco le interesó el respeto a nuestra democracia y nuestras normas jurídicas. Logró este objetivo porque de acuerdo a la representación de las fuerzas políticas provinciales en el Legislativo, sólo el bloque oficialista está en condiciones de reunir el número suficiente para proponer un candidato a Defensor del Pueblo.
Le señalo también que en esta coherente postura de destrucción de la Defensoría del Pueblo que puso en marcha el anterior Gobernador y jefe político de la bancada oficialista de legisladores, se redujo la duración del mandato del Defensor a un año, lo que es un mamaracho único en el mundo, ya que un lapso así impide el cabal cumplimiento de tan importante tarea.
También se han conocido expresiones “off the record” del Dr. Alberto Rodríguez Sáa en cuanto a que esta Defensoría no es ni necesaria ni propia de nuestra forma de vida. Lo que demuestra el criterio feudalista con que se ha venido gobernando a la provincia, por cuanto la Defensoría del Pueblo no es cuestión librada a la opinión política ni de un partido ni de un gobernante, es una cuestión constitucional que todos estamos obligados a respetar. Comenzando por quienes tienen mayores responsabilidades ante el pueblo. Quienes digan que la Defensoría no debe existir que propongan la reforma de la Constitución, pero que no persistan en su violación. Flaco favor le hacen a la educación de las nuevas generaciones actuando así.
Es probable que tanto Ud. como los legisladores se sientan molestos por mi insistencia, pero nunca tanto como los que vemos cómo nos destruyen la democracia. De todos modos, de existir molestia de su parte, es fácil de solucionar: cumpla con su deber y haga cumplir la constitución en lo concerniente a la elección del Defensor del Pueblo. Por cierto que aspiro a mucho más en materia democrática en San Luis, pero el menos que ocurra eso.
De no cumplir Ud. en un plazo prudencial con su obligación y compromiso de hacer cumplir la Constitución me veré obligado a denunciarlo ante la justicia.
Finalmente, espero que soplen nuevos vientos en nuestra democracia provincial, que se actúe con la responsabilidad de dirigentes y no con la obediencia de lacayos.
Saludo a Ud. atentamente
Prof. Luis Alberto Moreno
