Es así como, de acuerdo con instrucciones dadas por el intendente, Enrique Ponce, desde la Secretaría de Gobierno se dispuso la contratación de ocho personas, a las que se destinó en una consigna permanente en el lugar, las 24 horas, por lo cual se ha instalado una casilla rodante y un baño químico.
A su vez, durante el fin de semana Vialidad Municipal procedió a desmalezar el sector y limpiarlo de basura y escombros. Posteriormente, personal de Alumbrado Público efectuó la bajada de luz para la casilla y la colocación de una luminaria en el predio.
Se designó como Jefe de Operaciones, dependiente de la Dirección de Tránsito y Vía Pública, a José Antonio Pereyra, quien se reunió con personal del Comando Radioeléctrico y con el jefe de Comisaría Cuarta, a quienes puso en conocimiento del operativo de seguridad, obteniendo el compromiso de los efectivos policiales de colaborar cuando sean requeridos y realizar recorridas por el lugar.
Según comentó Pereyra, el pasado lunes, el mismo día que se emplazó esta consigna de seguridad, se impidió el asentamiento de al menos diez familias, con las que se habló y logró disuadir de su objetivo. Luego, se registró un incidente cuando se presentó una persona de sexo femenino, de nacionalidad boliviana, sin ninguna documentación que acreditara su identidad, pretendiendo instalarse en el predio. La mujer dijo apellidarse Gutiérrez y manifestó que, “unos familiares que están ocupando un terreno”, le dijeron que se “meta” al predio porque, de ese modo, cuando el municipio construya viviendas en este lugar a ellos les podían llegar a dar una.
Más allá de estos incidentes, Pereyra confirmó que no se está desalojando a las demás familias que llevan meses y años ocupando los terrenos del ex ferrocarril. Están familias van a ser relevadas a través del área de Desarrollo Social, para “trabajar” con ellos y “ver la situación real de cada uno”, para así poder ofrecerles una solución.
Por otro lado, el personal destinado a la vigilancia del sector tomó conocimiento de la existencia de personas que se encontraban ofreciendo terrenos para la venta, dentro del predio de la ex estación de trenes, a unos $2.000 aproximadamente. Tras algunas averiguaciones, se determinó que uno de los que intentaba encontrar compradores es de nacionalidad chilena, se apoda “Coco” y vive en el barrio San Martín. Tan solo minutos después, llegó al predio una persona, la que tras identificarse debidamente, expresó su interés en comprar un terreno. Tras explicársele la situación real, procedió a retirarse del lugar.
De igual manera, ayer mismo fue encontrado en el predio el chileno en cuestión, quien fue identificado como Jorge Fernández Leyton, poseedor de un “frondoso prontuario policial y judicial”, entre el que figura ser cómplice de un homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego.
Fernández Leyton, el día sábado, antes de instalarse la consigna de seguridad, había levantado un precario ranchito de maderas y nylon dentro del predio usurpado. Interrogado por el personal municipal, manifestó sus planes de mudarse a ese lugar, ya que en el barrio San Martín no podía estar más por problemas familiares. Como dentro del precario rancho no tenía cama, muebles ni elemento alguno para su subsistencia, se le comunicó que debía desarmar la construcción y retirarse del lugar. Acto seguido, personal policial lo trasladó a Comisaría Cuarta, para averiguación de antecedentes.
A su vez, la situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades policiales, quienes han ofrecido la permanente colaboración el Comando Radioeléctrico, la Comisaría Cuarta y la Unidad Regional I.
Finalmente, ayer martes, se impidió el asentamiento irregular de otras seis familias, las que, tras oír las explicaciones de los funcionarios municipales, reconocieron haber sido engañadas por personas que les habían ofrecido en venta los terrenos y otros por inescrupulosos que los
incitan a ocupar el predio “para presionar al Municipio a que les entregue una vivienda”. Incluso alguno de ellos confesó que les han asegurado que, si usurpan un terreno, contarán con apoyo de algunos medios de comunicación “para fortalecer la presión”.
Por último, la Municipalidad adelantó que promoverá acciones penales contra los responsables de estas ventas fraudulentas y de quienes inciten este tipo de usurpaciones de terrenos.
