Esta semana, el abogado Ricardo Bazla presentará ante la justicia una demanda penal por el caso de Diego Ernesto Gil, un hombre de 34 que murió a causa de una neumonía bilateral luego de que le negaran atención médica mientras se encontraba en prisión preventiva.
La Gaceta accedió a un borrador de la demanda, la cual interpone una denuncia por los crímenes de abandono de persona seguido de muerte y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma alcanzaría a Jefes del Servicio Penitenciario Provincial; al personal que ejecutó las órdenes de sus superiores y al actual ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis, Diego González.
En su presentación, Bazla menciona los expedientes judiciales, correspondientes a los meses de junio y julio de este año, que dan cuenta de la buena salud que Gil gozaba cuando ingresó a la cárcel a cumplir su prisión preventiva. Cuando su madre lo visitó el pasado 25 de agosto, Gil le contó que no se sentía bien de salud, que tenía fuertes dolores en el pecho y una tos persistente que le impedía respirar con normalidad. Gil también le mencionó a su madre que varios días atrás que había requerido asistencia médica dentro del Servicio Penitenciario y que la misma no le había sido proporcionada.
Otro punto a destacar de la demanda es que la madre de Gil, Yolanda Bengolea, asegura que cuando trasladaron a su hijo al Hospital San Luis, le dijeron que se trataba de un “cuadro depresivo”. La mujer inmediatamente se dirigió al nosocomio, donde se llevó la ingrata sorpresa de que le habían mentido y de enterarse que su hijo estaba internado con respirador artificial ya que sufría una severa neumonía que ya le había tomado un pulmón.
El borrador de la demanda también señala “que el Servicio Penitenciario se hizo cargo, sin que nadie se lo pidiera, de los gastos de traslado del cadáver a Villa Mercedes, velatorio y sepelio, quedando solo a cargo de la familia, la ubicación en el cementerio municipal”.
El abogado también menciona declaraciones mediáticas del director del Servicio Penitenciario, Segundo Giménez, dando a entender que Gil tenía VIH. Si bien se planeaba realizar a Gil un test de VIH, el mismo nunca se concretó. “Si hubiera padecido HIV, con más razón y mayor obligación funcional, debió haber sido atendido de manera preferencial en el servicio médico penitenciario y en todo el sistema de la salud pública provincial”, señala Bazla.
