El tema tuvo un caluroso debate en torno a un punto que establece la prisión preventiva para quienes violen una orden de restricción.
El día de ayer, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal, la cual busca castigos más severos para quienes violen una orden de restricción en casos de violencia de género. La discusión se centró en una parte de la modificación del inciso 2 del artículo 212, el cual establece, entre otras condiciones, que la detención debe concretarse cuando “se hubiera anoticiado al juez de la violación de una orden de restricción vigente y debidamente notificada”.
Esta parte del inciso 2 estaba en el proyecto original que envió a la Legislatura el Gobierno provincial, pero fue removido por la Cámara de Diputados, mediante un acuerdo político entre la mayoría oficialista y la oposición, cuando le otorgó su media sanción el pasado mes de mayo. Esto no se pudo fijar ya que la pena máxima que establece el Código Penal para quien viole una orden de restricción es de un año, lo que lo convierte en un delito excarcelable.
Sin embargo, el Senado, cuando fue su turno de tratar el proyecto, volvió a incorporar este polémico causal de detención y los diputados del oficialismo lo defendieron con uñas y dientes, porque sino el proyecto habría vuelto a Senadores, demorando aún más su sanción definitiva. “El Senado ha insistido con una vía que no cambia el sentido y que, en definitiva, convierte en más rigurosa la posibilidad de la detención”, destacó Luis Martínez, de Unidad Justicialista, señalando un “ánimo de darle mayor celeridad a las herramientas de los jueces”.
El gran detractor de esta decisión fue el diputado Alejandro Cacace, presidente del interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis, señalando que el juez Leandro Estrada, de Villa Mercedes, le manifestó que el proyecto de ley “no cumple con los standards que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estipulado respecto a la utilización de la prisión preventiva”.
Cacace consultó además al Consejo Federal de Derechos Humanos, el cual también se expresó sobre este punto que establece la prisión preventiva para quien viole una orden de restricción. “La violación a la orden de restricción implica la comisión del delito de desobediencia, previsto en el Artículo 239° del Código Penal, lo que exhibiría la ausencia de sometimiento al accionar de la justicia”, sostuvo el organismo.
“Es decir, está marcando el dictamen que, lo que se conoce como una medida de coerción procesal, destinada solo a que el imputado se someta a procesa, la estamos usando como una medida de pena anticipada al encarcelarlo”, agregó el diputado, quien además criticó que el Senado revierta los acuerdos políticos alcanzados en la Cámara de Diputados.
Por su postura, Cacace fue sumamente criticado por las diputadas Verónica Causi y Eva Morel, de Sanluiseños por el Cambio y Unidad Justicialista, respectivamente. “Le digo al diputado Cacace que el dictamen que leyó es en base al proyecto que mandó el Ejecutivo y es del mes de mayo de 2018. Nosotros trabajamos sobre ese proyecto después y lo modificamos. O sea que no tiene validez ese dictamen”, dijo Morel, quien además repasó las cifras de femicidios ocurridos este año.
“Decir que esto es simplemente una desobediencia y decir que un delito de desobediencia es menor. Decir que el arresto es una medida exagerada para una persona que no cumple una orden de restricción. La verdad que no, la verdad es que lo que estamos salvando son vidas”, agregó la diputada, remarcando que en el 80% de los femicidios, los victimarios tenían órdenes de
restricción vigentes.
Acto seguido, Cacace retomó la palabra y volvió a pedir que se haga una ley similar, o que se modifique el proyecto, “para que sea compatible con nuestra Constitución”. “Yo se que es popular o que se puede hacer demagogia políticamente diciendo que ni bien una persona es sospechada de un delito, inmediatamente se la encarcele, pero ha corrido mucha sangre en nuestro país y en el mundo por pelear porque haya un debido proceso. Es decir que una persona, antes de ser sometida a prisión, sea sometido a un debido proceso en que es imputado, acusado, juzgado y condenado con pruebas”, dijo el diputado macrista.
Ante esto, Causi interrumpió a Cacace y le preguntó lo siguiente: “Hasta que lo vuelvan a procesar porque incumplió con la orden de restricción, ¿qué hacemos con la víctma? En el inconsciente de la sociedad ya se sabe que una orden de restricción no frena a nadie”. La diputada fue aún más lejos, y le pidió a Cambiemos que “si quieren proteger al agresor, díganlo de frente”.
El resto del debate, que duró alrededor de una hora, tuvo más cruces de este estilo y llegó a su fin con Avanzar y Cambiemos pidiendo abstenerse de la votación, lo cual fue aprobado por mayoría, pero enojó a varios legisladores del oficialismo, quienes querían que el bloque opositor tomará una posición concretar y votará a favor o en contra del proyecto.
Luego de tratarse la abstención, se trató el proyecto en sí mismo, el cual fue aprobado por 26 votos afirmativos y convertido finalmente en ley.
