“En San Luis no existe el trabajo como dicen”

“En San Luis no existe el trabajo como dicen. No es la gran fuente de trabajo. Tengo 44 años y una capacitación fluida en muchos trabajos pero en el momento de encontrar trabajo, la edad me condiciona muchísimo”, comentó Daniel, padre de cuatro chicos.

Daniel es uno de los 2.000 beneficiarios cuyos convenios para desarrollar trabajos en la administración pública fueron dados de baja. “Lo tomamos como un despido arbitrario. Acá el único responsable fue el Gobierno por todos los convenios que se hicieron, se tienen que hacer cargo. Por la necesidad de trabajo de nosotros aceptamos ese tipo de trabajo”, contó el trabajador.

Por la decisión del Gobierno, el beneficiario percibirá $4.300 menos por algunos meses ya que no cobrará el plus por trabajar en una dependencia estatal, aunque se le mantienen los $1.900 del subsidio de Inclusión. “Tengo que salir a buscar el pan para mis hijos”, expresó el trabajador.

Una de las medidas de los trabajadores para intentar revertir a decisión del Ejecutivo fue firmar un petitorio dirigido a Alberto Rodríguez. Tal petitorio tiene críticas hacia el Plan de Inclusión. “Excluidos del mundo laboral por la escasez de ofertas del mismo, hemos debido conformarnos con un beneficio de un paupérrimo monto, y que considerado de emergencia y paliativo resulta aceptable, pero sostenido en el tiempo, parece un ancla que los sume en la postergación y deterioro”.

En otro pasaje del petitorio hace referencia a los convenios que se rubricaron con el sector privado y estatal para que los beneficiarios se desempeñen laboralmente en las áreas mencionadas.

“Representaron una mejora económica a pesar de que implicaban una situación irregular en donde la ausencia de derechos laborales y de seguridad social afectaba nuestra dignidad, situación que fue aceptada y tolerada porque persisten hoy, a 13 años de emergencia social, la ausencia de empleo”.  

Habrá que esperar lo que suceda en los próximos días para ver si los trabajadores intensifican sus medidas de protesta o terminan aceptando la polémica política estatal sobre el Plan de Inclusión Social.

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