El monto ascendería a más de 700 millones de pesos.
Ayer por la tarde, representantes de 10 empresas constructoras de la provincia leyeron un documento mediante el cual dieron a conocer que el Gobierno de San Luis, tras la gestión del ex gobernador Claudio Poggi, les adeuda más de 700 millones de pesos.
Los encargados de dar a conocer esta situación fueron Raúl Moreno (Lu-mma), Andrés Batistelli (La Punta Construcciones), Carlos Amprino (Green), Juan Saá (Indyca), Miguel Jeanmaire (Rovella Carranza), Martín Moreno (Lumma), Raúl Ybañez (Alquimaq), Carlos Levignston (Ingeniería y Arquitectura), Alfredo Cortez (Alfa y Omega) y Eduardo Cavichiole (Tragvial).
Las diferentes deudas que el Gobierno tiene con las constructoras, que manifestaron estar atravesando una “difícil situación económica y financiera”, se debe a los siguientes puntos, según se leyó durante la conferencia:
– “Retrasos sistemáticos en el pago de certificados de obra desde el mes de abril del presente año, los cuales, se deberían haber cancelado dentro de los 60 días de la certificación, pero se realizaban los pagos con cheques diferidos a fechas de 80 a 90 días”.
– “No pago de los fondos de reparo desde el año 2013, fondos que son retenidos a las empresas, pero que por ley de Obras Públicas se prevé que deben ser devueltos a las empresas”.
– “No pago de las últimas certificaciones, cuando deberían haberse pagado antes de la finalización de la gestión del ex gobernador Claudio Poggi”.
“Todo estas situaciones, en su conjunto, han traído aparejado una complicación en la ecuación económica financiera de las obras, sumando a esto la elevada inflación y la alta tasa de interés de las entidades bancarias que operan en el medio”, dijo Juan Saá durante la conferencia de prensa.
En otro momento de la conferencia, las empresas, que durante el trascurso del año no realizaron ningún reclamo público trascendente, aseguraron que hicieron “reclamos en reiteradas oportunidades sin encontrar eco en el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a cargo del contador Néstor Ordóñez”. Como prueba de esto, mostraron una nota con fecha del 2 de octubre de 2015.
“Esto trae aparejado el incumplimiento de pago a proveedores, trabajadores y compromisos asumidos”, continuó el documento, a la vez que algunos representantes aseguraron que no tuvieron más remedio que realizar despidos. Por último, el grupo empresarial destacó el diálogo que está teniendo con la actual gestión de Alberto Rodríguez Saá para solucionar este tema.