[dropcap style=”square”]P[/dropcap]or orden judicial del Superior Tribunal, el Ministerio de Hacienda embargó a la Municipalidad de San Luis el mes pasado $4.600.000 de la coparticipación federal y los transfirió a una cuenta judicial concepto de pago de honorarios de abogados en el marco del antiguo juicio Arancibia –Bernáldez. El municipio interpuso un amparo en el fuero civil y quiere que el Concejo Deliberante analice la causa que tiene cerca de 50 años para que determine si hay pagos que puedan evitarse debido a posibles prescripciones.
El asesor letrado municipal, Ignacio Campos relató el hecho que motivó la causa judicial sucedió en 1968 cuando la empresa Arancibia –Bernáldez ejecutaba una obra de pavimento en la ciudad, pero el interventor militar de facto Matías Laborda Ibarra “dispuso dejar sin efecto el contrato y la confiscación de las maquinarias de la empresa”. En 1970, la empresa inició el juicio contra la Municipalidad de San Luis.
El letrado contó que en los 48 años que lleva la causa pasó por todas las instancias judiciales de la provincia e incluso llegó a la Corte Suprema. La cuestión es que se desconoce el monto definitivo de la sentencia, “no sólo por los daños y perjuicios que reclamaba la empresa, sino por todos los honorarios profesionales que han venido devengándose. Son montos que exceden la capacidad de pago de las arcas municipales”.
Para evitar el pago del juicio, el municipio en distintas gestiones impulsó ordenanzas de emergencia económica que el Concejo aprobó.
Campos reveló que, en plena feria judicial en el pasado julio, la Municipalidad recibió la notificación del Ministerio de Hacienda en que notificaba el embargo ejecutivo de los $4.600.000 ordenado por al máximo tribunal de justicia provincial sobre la coparticipación federal. Como solicitó la cartera ministerial y establece una ley, el municipio interpuso un recurso para evitar que el embargo se concretara.
“Dimos cumplimiento a la ley. A pesar de ello, el Ministerio de Hacienda continuó reteniendo los fondos. A esta altura, entendemos de manera indebida, porque no estaban dados los supuestos legales para continuar con la retención de los fondos ni para cumplir la primera orden judicial”, consideró Campos.
Como consecuencia del embargo de los casi $5 millones fue que se interpuso un amparo en el Juzgado Civil 3.
Para intentar frenar el embargo y lo que sería el pago de una multimillonaria sentencia, la Municipalidad quiere darle intervención al Concejo Deliberante para que analice la causa judicial Arancibia –Bernáldez y determine si hay pagos que puedan estar prescritos.
