[dropcap style=”circle”]T[/dropcap]al como sucedió con el polémico decreto 150, el nuevo oficialismo logró (en Diputados y Senadores) la ratificación del también polémico decreto que estableció la intervención de la Universidad de La Punta por seis meses y designar como rector interventor a Luis Guillermo Quintas.
La polémica comenzó por la designación de la ex senadora nacional Eugenia Catalfamo como rectora de la ULP en octubre de 2023 por acuerdo del Senado por propuesta de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Por aquellos días, tanto Claudio Poggi como sus legisladores, cuestionaron la designación de Catalfamo bajo el argumento que no cumplía con los requisitos para el cargo. “Espero que el Senado provincial no le preste acuerdo y no lo personalizo en Catalfamo, personalizo en cualquier dirigente o funcionario del gobierno actual que quiera quedarse como guarida o aguantadero una repartición pública en la próxima gestión. La verdad que si le prestan acuerdo a Catalfamo, o a quien sea que el Gobierno actual proponga, el 10 de diciembre lo voy a sacar cagando porque no corresponde”, dijo Poggi a principios de octubre de 2023.
Catalfamo defendió su nombramiento, pero fue removida del cargo debido al decreto de intervención y el operativo policial en la ULP que se hizo el 10 de diciembre, el mismo día de asunción de Poggi. El diputado de la nueva oposición Federico Berardo comparó el operativo con la Noche de los Bastones Largos en 1966 en parte de su alocución. También mencionó que el Gobernador mandó las fuerzas policiales a la ULP el día que se cumplieron 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.
La opositora Silvia Sosa Araujo señaló que Catalfamo fue designada como rectora por acuerdo del Senado provincial y no por un decreto del Ejecutivo. Como hizo durante el tratamiento del decreto 150, resaltó que se podría haber sesionado para tratar el decreto de intervención en sesión extraordinaria, pero que no se hizo porque el poggismo no tenía los votos suficientes.
Catalfamo judicializó su remoción en el cargo alegando una presunta inconstitucionalidad. En este sentido, el oficialista Carlos Pereira citó un dictamen del procurador subrogante y afirmó que el juez de Garantías desestimó la acción de amparo y medida cautelar solicitada porque Catalfamo “no ha plasmado fehacientemente el derecho invocado”.
La titular del bloque nuevo oficialismo, Eugenia Gallardo, citó un informe de gestión sobre la situación de la ULP al 10 de diciembre de 2023 mencionando una estructura sobredimensionada en el organigrama de funcionarios que se modificó entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre. El objetivo fue “intentar generar un gobierno paralelo”, dijo la diputada. Posteriormente, mencionó ex funcionarios que habían sido nombrados en esos cargos que finalmente fueron derogados como los ex ministros provinciales como Marcelo Amitrano y Luciano Anastasi y la ex ministra nacional Ayelén Mazzina.
El resultado de la votación para ratificar el decreto de intervención de la ULP fue el mismo que el del decreto 150. Se aprobó por 26 votos positivos contra 16 negativos.
