[dropcap style=”square”]E[/dropcap]sta mañana, los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al contador general de la provincia, Daniel Marone, para que respondiera un pedido de informe relacionado a las cuentas de inversión 2018 de Ejecutivo. Cuando se planteó el punto de los polémicos gastos reservados del Gobernador, el contador se amparó en un artículo de la ley de contabilidad para no revelar la información.
El punto 10 del pedido de informe era que Marone diera a conocer los montos afectados a los gastos reservados indicando la partida afectada en 2018, acompañando cuanta bancaria, extracto bancario, entre otros datos.
En ese momento, el diputado oficialista Luis “Lucho” Martínez leyó el artículo 57 de la ley de contabilidad que se refiere a que los empleados públicos que manejen fondos estatales están obligados a rendir cuenta de los mismos siguiendo los lineamientos de Contaduría General. Los mismo se aplica a las personas y organismos públicos y privados que reciban subsidios aportes del Tesoro provincial.
Pero gastos reservados están contemplados en la última oración del artículo 57: “Los gastos reservados previstos en la Ley de Presupuesto no están sujetos a rendición”. Marone aprovechó el citado artículo para decir que no podía informar lo requerido.
Los polémicos gastos reservados están contenidos en un ítem de los presupuestos provinciales llamado “servicios personales”. En el presupuesto aprobado 2018, los servicios personales eran por $30.800.000, pero se terminaron gastando de $125.900.000, según las cuentas de inversión del año pasado.
El diputado Alberto Fara pidió que al menos diera a conocer el monto de los gastos reservados, pero Marone no lo reveló. “El monto en el presupuesto está establecido. En realidad, hoy yo no traje el dato, pero por supuesto que no son los $125.000.000 que es el total de la ejecución del inciso 3. El nomenclador de gastos tiene no sólo gastos reservados, sino gastos de funcionamiento de la Secretaría General”, comentó Marone a los medios presentes luego de la reunión con los legisladores.
La Gaceta preguntó en cuál era el motivo por el que la ley estipula que no se informen los gastos reservados. “Son gastos de seguridad, incluyen un montón de ítems que pueden incluir situaciones de seguridad y emergencia, la gente que se llega a la Secretaría General pidiendo por situaciones puntuales, el Gobernador tiene la facultad de satisfacer esas demandas a través de los gastos reservados”, respondió el contador.
Teniendo en cuenta que el Gobierno tiene una ley que le permite ocultar la información de los gastos reservados, la población no podrá saber en qué se gastan tales fondos.
