Una de ellas es porque el banco cambió el domicilio de su sede central a Mendoza y la otra es por descuentos indebidos a jubilados y pensionados.
Ayer, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, envió dos nuevas cartas documentos al banco Supervielle. La primera de ellas se debe a que el banco cambió el domicilio de su “sede central de negocios a la provincia de Mendoza, donde se “negocian e invierten” dineros que “en su gran parte corresponden a la titularidad del Estado Provincial”.
Esto, asegura el Gobierno, va en contra de los objetivos que el banco se comprometió a llevar adelante cuando se convirtió en el agente financiero de la Provincia. “Banco Supervielle se comprometió a posicionarse como el más importante en la Provincia, para impulsar con sus servicios todos los ejes de desarrollo de la misma, sentando las bases para la atracción de nuevas inversiones que permitan un crecimiento sustentable a largo plazo y la ejecución de un ambicioso plan de inversiones, con el objetivo de consolidar la presencia del Banco en la Provincia, en satisfacción de las necesidades de todos los sectores de la comunidad puntana”, reza la carta documento.
La misiva también destaca que este traslado de la sede central se produjo “sin mediar aprobación ni consentimiento alguno” del Gobierno.
“En definitiva, se utilizan los dineros depositados por esta Provincia en beneficio del propio Banco y en franca violación del objetivo de presencia territorial y de desempeño, entre otros, para aplicarlos al desarrollo de negocios y actividades financieras fuera de la Provincia, contrariamente al objetivo tenido en cuenta al momento de suscribir el contrato que nos vincula que es el de destinar asistencia financiera al sector productivo provincial”, continúa la carta documento, instando a la entidad financiera “para que en el perentorio término de cinco (5) días de recibida la presente procedan a reinstalar la sede central de su administración y desarrollo de negocios en esta Provincia de San Luis”.
La segunda carta documento es básicamente muy similar a la intimación del pasado jueves 28 de enero, solo que esta vez refiriéndose a los descuentos que se realizan a los jubilados y pensionados de la provincia. “El pago de haberes jubilatorios debe efectuarse y ponerse a disposición en forma Integra a favor de cada uno de los jubilados, no pudiendo ese Banco bajo ningún concepto efectuar descuentos, quitas, débitos ni ninguna operación que importe un desmedro de los mismos”.