De comprobar las sospechas que se tienen se entablarán demandas judiciales. Por instrucciones del Gobernador, Fiscalía de Estado empezó una investigación que involucra a Sportivo Estudiantes por presunta estafa en perjuicio del Estado Provincial.
Este viernes por la mañana, el fiscal general de Estado, Eduardo Allende, realizó las presentaciones correspondientes ante el Colegio de Escribanos de la provincia y ante Personería Jurídica en el marco de una investigación preliminar acerca de un acta de cesión de crédito que hizo Promotora Deportiva (empresa que sería propiedad de Carlos Ahumada) en favor del Club Sportivo Estudiantes por un valor de 600.000 dólares, por supuestos créditos que tendría dicha empresa contra el Estado provincial.
“Esto comienza a partir de haber tomado conocimiento de un acta de cesión de crédito que hace Promotora Deportiva a favor del Club Sportivo Estudiantes en la cual compareció el apoderado de Promotora Deportiva y un representante de la institución ante un escribano particular, y Promotora le cedió al club supuestos créditos que tendría contra el Estado provincial por la suma de 600.000 dólares, por obras realizadas que no se detallan; porque jamás el Estado reconoció ningún crédito ni deuda con esa sociedad”, explicó Allende.
El fiscal comentó que no sólo fue aceptada la cesión, sino que “Estudiantes se comprometió pagar 500.000 dólares por esa cesión, de algo que es inexistente, porque jamás hubo ningún reconocimiento del Estado provincial por realización de obras a favor de esta sociedad que se llama Promotora Deportiva. En definitiva, Estudiantes está pagando por un crédito que no existe”, continuó el fiscal.
La investigación que comenzó Fiscalía fue por orden del Gobernador para que se verifique lo mencionado y se determine si hay otras posibles cesiones de la sociedad en favor del club que involucren al Gobierno.
“No hay ningún acta jurídica, decreto o resolución, ningún hecho por el cual el Estado le haya reconocido una deuda a ninguna de las dos partes, ni al Club Estudiantes ni a Promotora Deportiva”, resaltó Allende.
Rodríguez Saá también ordenó que se pida a la Dirección de Personería Jurídica la totalidad del legajo del Club Sportivo Estudiantes, donde está su estatuto y todas las posteriores actas de asambleas de socios de comisión directiva y demás. El motivo es que en esas actas se verían plasmados supuestos movimientos económicos que no tienen fundamentos, en los cuales podría verse perjudicado eventualmente el Estado provincial.
Además, se requirió la documentación contable del club para analizarla y avanzar en una denuncia judicial, si comprueban los hechos. En el caso de que Personería Jurídica no tenga todos estos datos en su poder, se pidió que en un término perentorio intime al club a que acompañe toda la documentación.
Con respecto a los pasos a seguir, Allende dijo que “una vez que tengamos todos los originales de esta documentación, si corroboramos esto que estamos sospechando, vamos a realizar las denuncias judiciales correspondientes, porque el Estado provincial se podría ver envuelto en una demanda por estos créditos que no existen, entonces podríamos estar frente a la figura de defraudación o estafa que están previstas en los artículos 172 y 173 del Código Penal”.
Para finalizar, el fiscal de Estado indicó que “hay actas de 2013 y 2014, en las cuales se lo ha facultado al presidente de Estudiantes, Carlos Ahumada, para contraer créditos y endeudar al club, con las más amplias facultades para hipotecar el club, bienes actuales o futuros, lo cual puede comprometer el porvenir de la entidad.