[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l Ejecutivo remitió a la Legislatura, para que se trate en sesión extraordinaria el próximo miércoles, un nuevo proyecto de Ley del Plan de Inclusión Social que en uno de sus puntos la incompatibilidad de este plan provincial con los nacionales, municipales u otro plan social provincial. La excepción será la Asignación Universal por Hijo.
“Será causal de incompatibilidad con el beneficio social de esta ley, la percepción de planes o beneficios económicos provenientes de gobiernos nacionales, provinciales o municipales a excepción de la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o los que la autoridad de aplicación autorice oportunamente”, dice el artículo 4 del proyecto del Gobierno.
Cabe recordar que, por casi 10 años, el Gobierno provincial consideró incompatible el Plan de Inclusión con la AUH. Ambos beneficios fueron compatibles recién en diciembre de 2019.
Por otra parte, es probable que la incompatibilidad con planes nacionales no caiga para nada bien en aquellos beneficiarios que actualmente perciben el beneficio provincial y uno nacional como Potenciar. Son cientos de casos y el descontento se manifestó cuando a principios de febrero cuando el Ministerio de Desarrollo Social realizó 800 suspensiones por supuestas incompatibilidades entre planes nacionales y provinciales. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con la medida.
Volviendo el proyecto de ley, otro pasaje del artículo 4 establece que la implementación del Plan no implica una vinculación laboral ni administrativa del beneficiario con el Gobierno. Por otra parte, la autoridad de aplicación podrá en cualquier momento darle la baja al beneficiario en caso de incumplimiento.
El artículo 6 de la iniciativa dice que los beneficiarios deberán optar por única vez voluntariamente si quieren seguir siendo beneficiarios del Plan de Inclusión bajo la nueva ley o si no quieren continuar.
Si ya no quieren ser beneficiarios del Plan de Inclusión, el Gobierno les realizará un aporte económico extraordinario durante tres meses. El “monto será equivalente al beneficio que se percibía con anterioridad al uso de la opción”, dice el punto b del artículo 6.
Como publicó La Gaceta, el gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo pública su idea de reformar el Plan de Inclusión social e incluso fue crítico. La primera vez que hizo referencia fue en diciembre del año pasado tras una reunión del Consejo Económico y Social.
“Los planes sociales como están hoy, han fracasado. Los planes sociales son una ayuda en un momento de crisis, pero cuando con esa ayuda, la crisis sigue, hay más hambre y esa ayuda se convierte en estructural se pierde la cultura del trabajo. Algo no está funcionando bien”, consideró el mandatario provincial,
“Voy a pensar cómo hacemos con el Plan de Inclusión Social. No quiero que el Plan de Inclusión de San Luis le digamos el plan porque me convierte a este sector en los planeros. ‘Tengo un plan, me quedo ahí. No hago nada, auméntame el sueldo porque tengo un plan. No trabajo, no me capacito, no busco trabajo’. Quiero que sea inclusión, un camino dentro de la cultura del trabajo, que nos lleve a un trabajo mejor”, fue la bajada de línea de Rodríguez Saá.
