[dropcap style=”square”]E[/dropcap]n la edición del Boletín Oficial del pasado 7 de septiembre, el Gobierno dio a conocer dos decretos que ordenan un total de 176 expropiaciones para la realización de obras en las zonas de los ríos Conlara y Quinto, abarcando un total de cuatro de los nueve departamentos de la provincia.
Palabras más, palabras menos, las descripciones de las obras a realizar en ambos ríos son las mismas y mencionan el “uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales enclavados en el espacio físico de influencia del curso de agua, a partir de la línea de ribera y extendido hasta los 200 metros desde esa referencia”.
“El Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, en mérito a los objetivos y competencias que por Ley le corresponden, ha proyectado la construcción de un camino de rivera que atraviese la franja de terreno colindante al curso del Río Conlara, con el objetivo procurar el acceso público, garantizando el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico colindante al curso de agua referido”, rezan los fundamentos de ambos decretos, señalando además que las zonas de estos ríos se convertirán “en un propicio escenario para la actividad turística, recreativa, deportiva y la innovación artística y cultural de todos los ciudadanos y de los turistas que visiten nuestra Provincia”.
En particular, los decretos destacan que “el elemento cultural, ha de estar presente en todos los tramos del camino”, y que “la organización del camino tiene definidos objetivos fundamentales: procurar una solución vial en la región, dinamizar la economía local; mejorar la calidad de vida de la población; concientizar sobre la importancia del patrimonio para mantener la identidad de los pueblos; y preservar el patrimonio ambiental y cultural, forestando y manteniendo especies arbóreas, construyendo espacios o dando a conocer formas de vida, mediante construcciones arquitectónicas, obras ingenieriles, elementos artísticos y de disfrute de los recursos naturales”.
En total, las obras en la margen del río Conlara demandarán 135 expropiaciones, repartidas por los departamentos Pringles, Chacabuco y Junín. Algunas de ellas corresponden a tan solo una pequeña fracción de un terreno enorme, como es el caso de Mario Salvio Cadelago, a quien le expropian 178.288 metros cuadrados sobre un terreno de 4.626.700; mientras que otras expropiaciones corresponden a un porcentaje mucho más alto, como ocurre con Nicolás Miguel Pieroni, a quien le quitaron 122.489 de sus 193.414 metros cuadrados, o Ramiro Amieva, que perdió 554.022 de sus 632.480 metros cuadrados. Y si bien la mayoría de las expropiaciones son a particulares, también hay sociedades anónimas afectadas, incluyendo el banco Quilmes.
Por su parte, las expropiaciones en la zona del río Quinto son 41 y están ubicadas en los departamentos Pringles y Pedernera. Al igual que el caso del río Conlara, hay expropiaciones que corresponden a una pequeña fracción de un gran terreno, mientras que otras afectan un porcentaje de superficie que supera el 50%.
Para las 41 expropiaciones en la zona del río Quinto se ha modificado y asignado una partida de $33.092.899,32; mientras que para las 135 del río Conlara se fijó una cifra considerablemente menor de $11.406.892,53.
Ambos decretos, que son los N° 3745-MOPeI-2018 y Nº 3746 MOPeI-2018, enmarcan estas expropiaciones en la Ley de Presupuesto 2018, aprobada en 2017, y en la Ley General de Expropiaciones de 2004. Cabe destacar que si bien las expropiaciones realizadas por una ley refrendada por la Legislatura provincial son preferibles y le dan mayor transparencia al proceso; la ley local, en su artículo 7, permite las expropiaciones por decreto.
Lo que es más, en su inciso B, que es mencionado en más de un punto de ambos decretos, se establece la expropiación por decreto de “los bienes inmuebles destinados a ejido de ciudades y pueblos, caminos, calles, plazas, ochavas, futuras ampliaciones, obras complementarias o 2 extracción de tierras u otros materiales; a construcción de canales de irrigación y de transporte e instalaciones necesarias y complementarias, a establecimientos penales y carcelatorios, a casas de justicia, hospitales, lazaretos, cementerios, escuelas, parques, balnearios, aeródromos; a la construcción de edificios públicos en general; a la formación de colonias, parques o reservas fiscales, destinadas a planes de colonización, urbanización o promoción turística, presentes o futuros, a la formación de nuevos centros de población o ampliación de los existentes, o para facilitar la adquisición en lugares adecuados de nuevos vecindarios”.
Ahora resta esperar si los más de 170 afectados por estas expropiaciones las aceptarán sin chistar o si tomarán algún tipo de medida judicial en contra de ellas, como pasó con las polémicas expropiaciones en Estancia Grande durante la anterior gobernación de Alberto Rodríguez Saá.
