[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]l fiscal de Estado, Eduardo Allende, brindó detalles sobre la apelación que presentó este lunes el Gobierno sobre la medida cautelar de la Justicia Federal que le impide a la gestión de Alberto Rodríguez Saá aplicar una serie de medidas económicas hasta después de las elecciones generales del 15 de noviembre porque podrían inducir el voto del electorado y pueden calificarse de clientelismo político. También se presentó una recusación contra el fiscal Federal Cristian Rachid y pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado por el funcionario judicial.
“Se achaca que al Estado provincial como que esto es electoralista y demás, o de oportunidad para una elección. Esto fue una medida que fue planteada por el Gobernador el 1° de abril de 2021”, afirmó el fiscal de Estado
Además, Allende mencionó que el Gobernador en su discurso manifestó que “en cuanto comenzaran a reducirse los coeficientes del Covid en San Luis, bajara el grado de pandemia, se iba a instaurar un plan de recuperación socioeconómico”.
Es importante mencionar que es débil el argumento del Gobierno, ya que en el discurso de Alberto Rodríguez Saá solamente hizo mención a un par de medidas solamente. Una de ellas, la exenciones impositivas para los pequeños contribuyentes comenzó a regir días antes de las PASO, mientras que los créditos blandos luego de las elecciones de septiembre.
El resto de las medidas económicas del Gobierno se lanzaron después del cachetazo electoral de las PASO y de la reunión del Consejo Económico y Social que se convocó en octubre.
Para Allende, la aplicación de las medidas económicas es el cumplimiento de una ley aprobada por la Legislatura. Lo que no dijo el funcionario del Gobierno es que fue una ley que se aprobó hace casi dos semanas. Plena campaña electoral para los comicios de noviembre.
El Gobierno provincial no concibió dar apoyos económicos como los actuales en los peores momentos de la pandemia en 2020.
En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, vale mencionar que desde el 21 de agosto, la tasa de positividad estaba debajo del 5% y la cantidad de casos diarios desde septiembre fue menor a 100.
Allende manifestó que en la presentación realizada, el juez Federal de San Luis deberá expedirse si ratifica o no la medida. “Si él ratifica lo que nos notificó el viernes (la medida cautelar), nos va a tener que conceder la apelación y esto irá a resolver en la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires”, dijo.
En el mismo escrito también se solicitó el cambio de carátula de la causa. La carátula actual es “averiguación de delito FMZ”. Las siglas significan que en la apelación intervendrá la Cámara de Apelación de Mendoza. Para Allende como en la causa lo que se debate son cuestiones netamente electorales, esa sigla debería ser CNE de Cámara Nacional Electoral, quien será el órgano de segunda instancia.
La recusación al fiscal
Allende explicó que en la otra presentación se pidió la recusación de Cristian Rachid porque consideran que no es el fiscal Federal, y por lo tanto, la nulidad de todo lo actuado por el funcionario en el expediente.
El funcionario del Ejecutivo manifestó que el cargo de Rachid es secretario de la Fiscalía del Juzgado Federal e “intenta firmar como titular” de tal institución.
“Hemos hecho un análisis muy minucioso y detallado de la situación en la cual el Dr. Rachid desempeña esta función y hemos planteado desde allí la legalidad de la función. La única forma de designar a un fiscal subrogante es que la Fiscalía esté vacante. La Fiscalía Federal de San Luis no está vacante. La titular es la Dra. Mónica Spagnuolo”, dijo Allende.
Años atrás, Spagnuolo también fue nombrada como fiscal del Tribunal Oral Federal de San Luis. “Lo que se hace habitualmente en estos casos del Ministerio Público es decir al fiscal titular, que está nombrado con todos los requisitos de ley, que desempeñe los dos cargos”, explicó el funcionario del Gobierno.
“En este caso por un antojo totalmente infundado e ilegal del Ministerio Público de la Nación, Spagnuolo ha sido encargada de entender únicamente lo que es la Fiscalía del Tribunal Oral Federal y Rachid que simplemente es un secretario, sin que estén dadas las condiciones para su designación, se la ha puesto por una simple resolución a cargo de la Fiscalía. Esto es una situación ilegal que se repite desde hace ocho años”, relató.
Allende contó que Rachid fue ratificado en el cargo por diversas resoluciones y que incluso rindió para integrar la terna para ser el fiscal titular, pero que quedó en sexto lugar, y los que rindieron mejor fueron accediendo a otros cargos. Por lo tanto, Rachid fue subiendo en la lista.
Teniendo en cuenta la supuesta ilegalidad del cargo de Rachid es que el Gobierno puntano planteó la nulidad de todo lo actuado por el fiscal Federal. “No es el fiscal Federal de San Luis”, sentenció Allende.
Por otra parte, se argumenta otro motivo de recusación contra Rachid en base a una nota de un portal en la que se firma que el fiscal capacitó a concejales capitalinos “macristas”.
