[dropcap style=”circle”]E[/dropcap]sta tarde, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó al ex piloto Ariel Balmaceda a 6 años de prisión y una multa de $90.000 por considerarlo “jefe y organizador” de una organización dedicada a cometer delitos tributarios. Además, el Tribunal ordenó el decomiso de 3 automóviles y de bienes “hasta cubrir la suma de $20.889.273”.
Junto a Balmaceda fueron condenadas 24 personas más. 8 de ellas recibieron penas de 3 años y medio de prisión, y el resto de 3 años en suspenso, con multas que van desde los $45.000 a los $60.000. Entre los otros condenados se encuentran personas del entorno íntimo de Balmaceda como su ex pareja, madre, hermana y cuñado, entre otros.
Balmaceda y estas personas estaban acusados de evasión multimillonaria por la comercialización de facturas apócrifas, emitidas por 65 usinas y distribuidas desde San Luis hacia otras ocho provincias a 2.700 contribuyentes para evadir impuestos. Los hechos por el que están en juicio Balmaceda y los otros acusados fueron detectados entre 2014 y 2018.
De las 25 penas fijadas el día de hoy, 18 son menores a las que solicitó el fiscal Cristian Rachid en abril de este año. Los condenados el día de hoy y las penas que había solicitado el fiscal son las siguientes:
– César Ariel Balmaceda, acusado ser el jefe/organizador de la asociación ilícita. Se solicitó una pena de ocho años de prisión y le dieron seis, que deberá cumplir, ya que esa pena no es excarcelable.
– Enrique Hanna Abdallah, Cristian Alberto Giuliano, Oscar Alberto Giuliano, Fernando Manuel Iglesias y Diego Eduardo Minudri fueron acusados de ser intermediarios. El fiscal solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión, pero el Tribunal les dio 3 años y medio a Abdallah y los hermanos Giuliano, mientras que a Iglesias y Minudri los condenaron a 3 años en suspenso.
– Oscar Gabriel Muñoz Oviedo, Raúl Gonzalo Saá, José Ariel Sosa, Juan Cruz Borra, Diego Martín Ho, Marcos Andrés Naldini y Julián Darío Rolandi, también acusados de intermediarios. Para ellos se solicitaron penas de cuatro años de prisión, pero les dieron 3 años en suspenso, salvo en los casos de Oviedo, Borra y Saá, que fueron condenados a 3 años y medio.
– Jorge Abel Pereira, Pablo Nicolás Mauri, Romina Alejandra Fernández, Daniel Víctor Escalante y Norberto Emilio Royón Blanco, también acusados de intermediarios. Se solicitaron penas de 3 años y 8 meses de prisión y, al igual que en otros casos, les dieron 3 años en suspenso.
– Natalia Verónica Balmaceda, María Rosa Lucero y Lorena María Ramírez acusados de intermediarios. Se pidió y les dieron 3 años de prisión en suspenso.
– Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rubén Cabrera, Yamila Ochoa y María Laura Limina acusados de ser administrativos de la organización. En los casos de Baldez y Cabrera, se solicitó y les dieron 3 años y 6 meses. Por el lado de Ochoa y Limina, las condenas fueron de 3 años en suspenso.
Además de a Balmaceda, la Justicia ordenó los siguientes decomisos de bienes “de propiedad de Romina Alejandra FERNÁNDEZ hasta cubrir la suma de $1.116.295; de bienes de propiedad María Rosa LUCERO hasta cubrir la suma de $330.862; de bienes de propiedad de Natalia Verónica BALMACEDA y Oscar Gabriel MUÑOZ OVIEDO hasta cubrir la suma total de $365.006; de bienes de propiedad de Lorena María RAMÍREZ hasta cubrir la suma de $79.058; de bienes de propiedad de Raúl Gonzalo SAÁ hasta cubrir la suma de $491.356; de bienes de propiedad Diego Martín HO hasta cubrir la suma de $220.123; de bienes de propiedad de Juan Cruz BORRA hasta cubrir la suma de $635.330; de bienes de propiedad de Cristian Alberto GIULIANO hasta cubrir la suma de $1.285.072; de bienes de propiedad de Oscar Alberto GIULIANO hasta cubrir la suma de $4.220.083; de bienes de propiedad de Enrique Hanna ABDALLAH hasta cubrir la suma de $3.729.256; de bienes de propiedad de Jorge Abel PEREIRA hasta cubrir la suma de $220.000; de bienes de propiedad de José Ariel SOSA hasta cubrir la suma de $1.331.919; de bienes de propiedad de Daniel Víctor ESCALANTE hasta cubrir la suma de $379.180; de bienes de propiedad de Marcos Andrés NALDINI hasta cubrir la suma de $673.000; de bienes de propiedad de Pablo Nicolás MAURI hasta cubrir la suma de $120.563; de bienes de propiedad de Norberto Emilio ROYÓN BLANCO hasta cubrir la suma de $116.000; de bienes de propiedad de Diego Eduardo MINUDRI hasta cubrir la suma de $1.850.090; de bienes de propiedad de Fernando Manuel IGLESIAS hasta cubrir la suma de $3.075.162; de bienes de propiedad Julián Darío ROLANDI hasta cubrir la suma de $649.659; en tanto constituyen el provecho o producto del delito (art. 23 del C.P.) y siempre que no se afecten mejores derechos de terceras personas”.
“Acá se están juzgando a estafadores porque implica engañar al Estado a través de todo este ardid para evitar contribuir con el impuesto para los respectivos gastos del bien común. Más allá de la opinión sobre la forma de administrarlo, esto es una gran estafa a todo el país, es una privación de recursos para el Estado y a su vez genera grandes distorsiones en los mercados formales”, manifestó el fiscal federal subrogante, Cristian Rachid, en declaraciones al programa radial Nada Secreto.
