[dropcap style=”circle”]U[/dropcap]n proyecto de declaración de San Luis Unido, con el objetivo de que el Ministerio de Seguridad “reorganice y redistribuya la cantidad de agentes de seguridad en la Provincia, reforzando las medidas preventivas, con el objetivo de disminuir el índice de delitos en la Provincia”; se terminó convirtiendo en un acalorado debate sobre el caso de Guadalupe Lucero, durante el cual la oposición fue nuevamente catalogada como oportunista.
En su presentación inicial del proyecto, Gastón Hissa, presidente de San Luis Unido, destacó que la inseguridad en San Luis es una sensación que “no pasa” y mencionó el caso Guadalupe, aunque aseguró que este proyecto en realidad fue elaborado hace 2 semanas y que uno de los disparadores fueron los asaltos sufridos por taxistas en algunos barrios de la ciudad. En este contexto, Hissa señaló que la Policía Ciudadana que recientemente fue puesta en funciones, está muy concentrada en lugares como el centro de San Luis.
Inmediatamente, los legisladores del oficialismo salieron al cruce de Hissa, calificando al proyecto como oportunista y asegurando que los efectivos policiales “están ubicados perfectamente”, como dijo Gustavo Morales, quien enumeró .
Por su parte, al exalbertista, exadolfista y ahora nuevamente albertista Ricardo Chaves se le mezcló este proyecto de declaración con uno de ley, también presentado por San Luis Unido, para crear en el ámbito de la Policía el programa “Cuerpo de Prevención Barrial”, y se puso a decir que esto “no hace más que cambiarle el nombre” a la Policía Ciudadana y que “en el fondo es lo que el Gobierno ya está haciendo”.
Por su parte, la adolfista Berta Arenas, ante el desfile de oficialistas que enumeraban todas las inversiones hechas por el Gobierno en la materia, hizo hincapié en que “la seguridad no se trata de recursos como patrulleros ni de nombramientos de recursos humanos”, destacando que “la idea es llegar antes al problema” y que se trata de “un trabajo de mucha humanidad y mucha interdisciplina entre los diferentes actores del Gobierno y de la comunidad misma”.
Uno de los discursos más fuertes fue el de Fabiana Zárate, de San Luis Unido, quien destacó que desde la primer sesión se está “insistiendo” con temas y proyectos relativos a la seguridad, que son rechazados por el oficialismo. “Si hubiera habido cámaras de seguridad, tal vez hubieran tenido elementos para que la investigación fuera mejor, más sencilla, menos árida”, dijo Zárate, hablando sobre el caso Guadalupe.
En este sentido, la legisladora opositora destacó que el sistema de cámaras de seguridad, instalado en 2013/14, ha sido “desmantelado” y que, por ende, “cada vez que se comete un delito, la respuesta es: ‘la cámara no funciona o no hay cámara’”. Asimismo, Zárate e Hissa recordaron que presentaron un pedido de informe para conocer el estado del sistema de cámaras de videovigilancia, pero fue rechazado por el oficialismo.
“No podemos hacernos los distraídos y no darnos cuenta de que algo no está funcionando bien”, agregó la legisladora, dirigiéndose al oficialismo y mencionando casos que terminaron con chivos expiatorios, como Nelsón Madafs o Luna Martínez, para “poder dar una respuesta a una investigación totalmente fracasada”.
Cuando Hissa retomó la palabra, pidió que estos dos proyectos sean tomados “como aportes”, para lograr un “cambio de paradigma de la seguridad, viéndola como una seguridad multiagencial, que articule la Policía Barrial con la municipal, en el caso que exista, o el Ministerio de Seguridad”, con agentes que conozcan “la problemática del barrio y pueda llegar a prevenir o mitigar el alto índice delictual”.
De igual manera, el oficialismo no entendió los proyectos de esta manera, tomándolos como una crítica a las políticas del Gobierno, por lo que rechazó la declaración por 19 votos a 14, y mandó al proyecto de ley a una comisión, en la que seguramente lo congelará por varios meses.
